Un grupo de expertos y relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó al régimen de Nicolás Maduro a poner fin a los continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas.
El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor; y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas, presidido por Elizabeth Broderick, celebraron la excarcelación de los cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, aunque cuestionaron que los cargos que se les imputaban, relacionados con el terrorismo, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, no han sido retirados.
«Instamos a las autoridades a que retiren los cargos en contra de los cinco defensores de derechos humanos de Azul Positivo«, dijeron los expertos.
Johán León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, miembros de la ONG dedicada a apoyar a personas con VIH, fueron detenidos por la DGCIM el 12 de enero, y excarcelados un mes después.
Denunciaron que «las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la «Ley contra el Odio» de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros».
Los expertos señalaron que el Gobierno ha adoptado en los últimos meses nuevas normas que intensifican la presión contra las ONG y restringen su acceso a la financiación internacional, incluyendo los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria. Los expertos instaron a revisar esta nueva normativa y a priorizar la atención a dicha crisis con un enfoque basado en los derechos humanos.
«Pedimos a las autoridades que revisen las leyes y prácticas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela en virtud del derecho internacional de derechos humanos y que respeten y protejan la labor de la sociedad civil, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos«, declararon los expertos.
Los expertos ya se han puesto en contacto con las autoridades venezolanas para tratar estos temas.
