La relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, expresó este sábado su preocupación por la denominada «Ley Bolívar» aprobada por el chavismo para castigar a quienes promuevan sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
«Con preocupación veo que fue aprobada en la Asamblea Nacional la ‘Ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela’ cuyo artículo 23 podría ser utilizado, para perseguir a la sociedad civil y activistas«, alertó la relatora.
Romero advirtió que «el artículo crea un ‘registro con carácter nacional’ para identificar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se sospeche ‘estar incursa en acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado’, e impone ‘medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo’ para mitigar el ‘perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población»».
La relatora especial de la ONU alertó que «este tipo de legislaciones vagas y ambiguas hacen que la discrecionalidad en su aplicación se vuelva una herramienta de control al disenso y de persecución y violencia contra personas defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil».
El artículo crea un 'registro con carácter nacional' para identificar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se sospeche "estar incursa en acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado", e impone "medidas económicas restrictivas,…
— Gina Romero (@Ginitastar) November 30, 2024
La ley, aprobada por la cuestionada Asamblea Nacional chavista y promulgada por Maduro, impone penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al régimen.
También contempla multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas contra el régimen.
La norma, aprobada por unanimidad, incluye la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos «delitos», lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
Con información de EFE
