El régimen de Nicolás Maduro ha desatado una «cacería de brujas» interna en contra de jueces y alcaldes chavistas, que han caído en desgracia después de haber desempeñado roles clave en la maquinaria represiva que se impuso en Venezuela en los últimos años.
La Policía Nacional Anticorrupción solicitó el viernes al Ministerio Público (MP) procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones» en el poder público y que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
En un comunicado el cuerpo policial explicó que el procedimiento es «resultado de una investigación profunda, realizada por meses, que apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país» que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
Sin embargo, el escrito hecho público por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, no detalló quiénes son estos funcionarios ni individualizó los delitos por los que se le acusa a cada uno.
Detenciones extraoficiales
Aunque oficialmente no se ha informado sobre las detenciones, según ha publicado el portal oficialista La Tabla, al menos dos importantes jueces y un alcalde chavista han sido aprehendidos en las últimas horas.
Uno de ellos es el presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, quien fue juramentado en el cargo el 29 de octubre de 2022 por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez.
Cornieles Perret es, además, magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ, designado por la Asamblea Nacional chavista en abril 2022.
Otro de los detenidos sería el juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo, José Mascimino Márquez García, quien ha sido uno de los principales responsable de la persecución política durante los últimos años en el país.
José Mascimino Márquez García ha dictado sentencias para encarcelar a opositores como Freddy Guevara, Nicmer Evans, Roland Carreño, Josnars Adolfo Baduel, entre otros civiles y militares que han sido encerrados en los centros de tortura del régimen.
Además, habría sido detenido el alcalde chavista del municipio Santos Michelena del estado Aragua, Pedro Hernández, acusado de estar vinculado a los grupos del crimen organizado que siembran terror en la localidad de Las Tejerías, como la banda de El Koki o la banda de El Conejo.
Con información de EFE
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