La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido dos primeras órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos, un paso sin precedentes.
Es la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
“Es un paso muy importante para la CPI: perseguir a un jefe de Estado en funciones mientras lleva a cabo una guerra llena de crímenes de guerra sistemáticos”, admite Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional.
La CPI emitió una orden de detención contra Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
Su responsabilidad individual se debe a su papel como jefe de Estado, por “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros” o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según la Corte.
Rusia no es miembro del tribunal porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Lo firmó en el 2000, pero retiró la firma en 2016 tras anexionarse Crimea. Ucrania tampoco ha ratificado el tratado, pero ha reconocido la jurisdicción de esta Corte para investigar los crímenes de guerra en el país. Esto permite a la CPI procesar a ciudadanos rusos, incluido su presidente, por delitos cometidos en Ucrania.
“Putin tampoco es inmune ante la CPI porque ésta no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado (único tribunal que no lo hace). La elección de los casos es también muy interesante: entre los muchos crímenes de guerra que se están cometiendo, el fiscal (Karim Khan) prioriza el secuestro de niños a gran escala”, agrega la experta consultada por EFE.
La segunda orden de arresto ha sido contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Putin y Lvova-Belova han hablando públicamente de los “éxitos” de su campaña para “rescatar” a niños ucranianos y ponerlos en adopción en familias rusas.
Los crímenes se cometieron presuntamente desde el 24 de febrero de 2022, fecha del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.
El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.
De momento, con esta orden ya emitida, Putin y Lvova-Belova se arriesgan a ser detenidos si viajan a uno de los 123 países miembros de la CPI porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos.
“El fiscal de la CPI espera que esto ya sea una señal importante para todos los que participan en esta guerra”, cree De Hoon, que recuerda que es “un mito” que la CPI no pueda procesar a Putin porque Rusia no es Estado miembro.
Con esta paso, la CPI manda un mensaje a Moscú y a los defensores de la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa, algo con lo que el fiscal Karim Khan nunca ha estado de acuerdo.
“Les dice: sí, la CPI puede emitir órdenes de arresto de cualquier persona que cometa crímenes internacionales en el territorio donde tiene su alcance. En este caso: Ucrania. Y puede procesar a cualquiera, sin importar su posición política”, detalla De Hoon.
La ONG Human Right Watch celebró estas órdenes de arresto porque “convierten a Putin en un hombre en busca y captura” y son “un primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores” de la guerra en Ucrania.
Se espera que pronto la CPI emita una segunda tanda de órdenes de detención contra sospechosos de ataques a infraestructuras civiles alejadas de objetivos militares en Ucrania.
EFE / Imane Rachidi
