Durante el año 2022 los organismos policiales y militares del régimen de Nicolás Maduro asesinaron a 824 personas, reveló el informe del proyecto Lupa por la Vida, divulgado este viernes 31 de marzo.
La estadística se sustenta en una base de datos construida conjuntamente por la Fundación Centro Gumilla –Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela– y la organización defensora de derechos humanos, PROVEA.
«El año 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato», denunciaron las organizaciones.
El alto número de muertes evidencia «la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida», alertaron.
Explicaron que «la impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen» y que dicha impunidad «es también una política de Estado».
Tampoco existe voluntad de adelantar investigaciones genuinas de los más altos responsables de los crímenes. Por el contrario, hay un respaldo institucional que reciben los funcionarios policiales y militares, por parte de altas autoridades y altos mandos, en el uso letal de la fuerza, obviando normas nacionales y estándares internacionales del uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
«De este modo, se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte», denuncian las ONG que conforman Lupa por la Vida.
Perfil de las víctimas
De las 824 personas asesinadas, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) mujeres, registrando un incremento porcentual de víctimas mujeres al pasar del 1.04% en 2021 al 2,18% en 2022.
La mayoría de las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que vivían en zonas populares.
Letalidad de los organismos
El organismo más letal fue la Policía Nacional Bolivariana con un total de 196 víctimas, equivalente al 24% del total nacional. De ellas, 36 corresponden a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y 2 a la extinta FAES.
En su conjunto las policías estadales produjeron la muerte de 193 personas (23%). Resaltan por su letalidad los cuerpos de policía estadal de Carabobo (49), Zulia (41) y Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12). Las policías municipales fueron responsables de 45 presuntas ejecuciones extrajudiciales (6%).
Mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 142 asesinatos (17%).
Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aparece como responsable de129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16%) donde la mayor participación la tiene la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 111, incluidos 21 por actuación de su Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), 12 por el componente Ejército y 2 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Además, este año que el componente Aviación estuvo involucrado en 4 ejecuciones.
Resaltan que el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) y las denominadas Cuadrillas de Paz (CUPAZ) aparecen como responsables de tres asesinatos. «Pudiera ser el inicio de una política de usar fuerzas no incorporadas a ninguna estructura policial o militar, para la perpetración de ejecuciones«, alertó el informe.
En comparación con los tres años anteriores, el informe documenta una disminución del número de víctimas. En 2020, se contabilizaron 3.034 víctimas; en 2021, la cifra disminuyó a 1.414 y en 2022, hubo 824. En el análisis consideran que esta disminución se puede deber al impacto de los informes de la ONU y a la autocensura de los medios en Venezuela.
