Un grupo de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos expresó su «profunda preocupación» por la intencón del régimen de Nicolás Maduro de aprobar un proyecto de ley que busca regular la actuación y el financiamiento de las ONG en Venezuela.
Las organizaciones Robert F. Kennedy Human Rights, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch (HRW), Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) advirtieron que «el texto del proyecto contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave amenaza para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil».
Las organizaciones alertaron que «en caso de ser promulgada, esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento y revelar cualquier financiamiento extranjero. El lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual del proyecto de ley genera alertas frente a una persecución intensificada contra personas defensoras de derechos humanos, con posibles multas, cancelaciones de registro e incluso cargos criminales. El énfasis explícito de la ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como ‘agentes extranjeros’ agrava aún más sus preocupantes características».
En el comunicado recordaron que este no es el primer esfuerzo por parte del régimen chavista para limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, destacaron que «independientemente de la aprobación final de esta ley, la sola existencia de este tipo de propuestas legislativas representa una amenaza, tiene un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil y constituye una forma de control, todo lo cual va en contra de la obligación estatal de asegurar un entorno propicio para la defensa de los derechos y los valores democráticos».
Las organizaciones internacionales también resaltaron que este puede ser «un año crucial» para la investigación en la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que estas limitaciones impuestas a las ONG «pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso y, en última instancia, dificultar la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad».
Además, plantearon que «conforme el país se acerca a las elecciones presidenciales de este año, así como a las elecciones legislativas y regionales en 2025, la temporalidad de este proyecto de ley suscita preocupaciones sobre posibles aumentos en la represión gubernamental, situaciones que son tradicionalmente monitoreadas por las organizaciones de la sociedad civil».
Finalmente, las organizaciones firmantes exigieron al régimen de Nicolás Maduro «cesar cualquier forma de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos«, e hicieron un llamado a la comunidad internacional «a condenar tanto el proyecto de ley propuesto como los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Les instamos a solidarizarse con las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que enfrentan una criminalización y persecución constantes».
