Organizaciones y activistas de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto haciendo un llamado a la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen chavista, promovida por Estados Unidos, a producir resultados concretos y verificables que permitan avanzar hacia la reinstitucionalización democrática de Venezuela.
En el pronunciamiento, las organizaciones plantearon que la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe ser uno de los primeros resultados del diálogo y una señal concreta de su capacidad para generar cambios institucionales.
Consideraron que el nuevo CNE debe ser designado a más tardar en octubre de 2026, y señalan que los procedimientos previstos en la legislación permiten realizar su renovación en un plazo cercano a dos meses, por lo que no existen razones transparentes, técnicas o legales para postergarla hasta diciembre.
Las organizaciones advirtieron que el tema electoral es central para la ciudadanía, y que avanzar en la renovación del CNE y del TSJ puede contribuir a recuperar la confianza dentro de Venezuela y entre los actores internacionales que acompañan el proceso. Sostuvieron que exigir una ruta democrática clara y oportuna no es una posición maximalista, ya que «Venezuela lleva casi tres décadas esperando un cambio y no puede seguir siendo llamada a esperar indefinidamente. La estabilidad no puede convertirse en una excusa para postergar la democracia».
El documento sostiene que el valor del diálogo no dependerá únicamente de alcanzar acuerdos, sino de que sus compromisos se traduzcan en cambios concretos y verificables. «Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible», señala el pronunciamiento, que advierte que postergar la renovación del CNE puede profundizar la percepción de incertidumbre y de continuidad de la excepcionalidad institucional en el país.
Reconstruir la democracia
Las organizaciones firmantes subrayaron que, tras la tragedia venezolana, será necesario reconstruir infraestructura, servicios e instituciones, pero también la relación entre ciudadanía, instituciones y poder. Precisaron que su compromiso «no comienza ni termina con la convocatoria de una elección», sino que continuará hasta que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio de 2024 sea materializada a través de un nuevo proceso electoral que conduzca a la reinstitucionalización democrática y al respeto de los derechos humanos.
Las organizaciones reafirmaron su respaldo al diálogo y a las soluciones pacíficas, y llamaron a avanzar desde ahora hacia una ruta electoral que conduzca a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, competitivas y verificables, con el compromiso de continuar acompañando y vigilando el cumplimiento de los acuerdos.
El pronunciamiento fue suscrito por CAIPI, CECAVID, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Laboratorio de Paz, Movimientos Unidos por el Agua y los DDHH, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Provea, la Red Electoral Ciudadana, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa y Voto Joven.
