La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela presentó de manera formal este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, su tercer informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
«Tanto el SEBIN como la DGCIM utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones y amenazas de violaciones con el propósito de intimidarlas y humillarlas. La investigación ha demostrado que estos crímenes no fueron cometidos por individuos que actuaban de manera inconexa dentro de estas agencias o fuera del control de sus superiores. Por el contrario, la DGCIM y el SEBIN forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores y así consolidar el control del poder. Este plan fue orquestado desde el más alto poder político», denunció la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
La experta explicó que estas graves violaciones no han cesado, sino que por el contrario persisten actualmente, destacando que hay más de un centenar de presos políticos.
«Las violaciones a los DDHH por parte de ambas agencias continúan hasta el presente. Las intimidaciones llevadas a cabo por ambas agencias también perdura. La semana pasada, el mismo día en que la Misión publicó este informe, funcionarios del SEBIN se presentaron en la sede de PROVEA mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia», destacó.
Valiñas sostuvo que «las violaciones de DDHH que la Misión ha documentado han tenido lugar en un clima de casi total impunidad».
Explicó que «solo unos pocos funcionarios de inteligencia han tenido que rendir cuentas por estas y todos ellos han sido de bajo rango» y lamentó que «las autoridades venezolanas no han hecho esfuerzos significativos para combatir el carácter generalizado y sistemático de las violaciones y brindar justicia y reparación para las víctimas».
Asimismo, advirtió que «las reformas judiciales anunciadas a partir de 2021 son claramente inadecuadas para corregir la falta de imparcialidad e independencia que aqueja al sistema de justicia».
«Como resultado de nuestras investigaciones, hemos reunido información sólida con respecto de la participación de funcionarios de la DGCIM y el SEBIN, como autoridades del más alto nivel político, en las violaciones y delitos documentados. Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas», concluyó.
