Más de veinte organizaciones de la sociedad civil, movimientos estudiantiles y defensores de derechos humanos exigieron este viernes a la Asamblea Nacional la derogación inmediata de las leyes que sostienen el aparato de persecución política en Venezuela, en un comunicado conjunto difundido bajo la consigna #NoMasLeyesRepresivas.
El bloque de organizaciones —entre ellas La República TV, El Laboratorio de Paz, FundaRedes, Alianza de Mujeres Políticas y el Centro de Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)— advirtió que ningún proceso de transición democrática ni discurso oficial de “paz y convivencia” es creíble mientras permanezcan vigentes los instrumentos legales utilizados durante años para criminalizar la disidencia. A esta exigencia se sumaron la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV), la FCU-ULA y diversos grupos estudiantiles de ambas universidades.
El comunicado subraya que el país vive una paradoja: mientras el Poder Legislativo impulsa reformas para adaptar la economía y la industria petrolera a la nueva realidad geopolítica surgida tras los hechos del 3 de enero, mantiene intacto el sistema de control social que ha permitido la persecución política durante años.
“Si el Ejecutivo cede en lo económico por necesidad, el Legislativo debe verse forzado a derogar el sistema de control social por exigencia de la justicia”, señala el documento.
Las organizaciones advierten que el andamiaje represivo se sostiene sobre cuatro pilares legales que deben ser eliminados para garantizar derechos fundamentales. Entre ellos mencionan la Ley contra el Odio y artículos del Código Penal utilizados para justificar la existencia de más de 800 presos políticos y más de 20.000 causas judiciales abiertas. También señalan la Ley RESORTE-ME, que ha servido para censurar y amedrentar a medios de comunicación, así como el paquete de “Muerte Civil”, conformado por la Ley Anti-ONG y la Ley Simón Bolívar, que institucionalizan la persecución ideológica, la inhabilitación perpetua y la asfixia de la asistencia humanitaria.
El comunicado también exige la derogación del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, descrito como una herramienta de extorsión y persecución que contradice incluso los recientes acuerdos de cooperación internacional entre Estados Unidos y Venezuela.
Para los firmantes —entre ellos Voto Joven, Gritemos con Brío, Caleidoscopio Humano e Instituto Forma—, desmontar estas leyes es la única forma de cerrar la “puerta giratoria” de las detenciones arbitrarias, un ciclo en el que ciudadanos son apresados, liberados y nuevamente procesados bajo figuras penales ambiguas o discrecionales.
Según la coalición, mientras estas normas sigan vigentes, el Estado conservará la capacidad de legitimar jurídicamente la represión, incluso en un contexto de apertura económica o negociaciones internacionales.
El comunicado concluye con un llamado a la Asamblea Nacional a actuar con responsabilidad histórica. Las organizaciones advierten que no habrá paz verdadera sin justicia, y que el camino hacia elecciones libres y una convivencia democrática solo será posible cuando los venezolanos puedan asociarse, organizarse y expresarse sin temor a represalias judiciales.
La coalición anunció que continuará articulando esfuerzos para exigir la derogación de estas leyes y promover un marco legal que garantice plenamente los derechos civiles y políticos en el país.
