Entre los meses de marzo a septiembre de 2020, cinco personas fueron asesinadas y otras 600 fueron detenidas, durante la emergencia decretada por la pandemia del coronavirus. La cifra se desprende del más reciente informe «La disciplina del miedo» de la ONG Provea.
La organización asegura que «los primeros 6 meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y emergencia humanitaria compleja sobre el país».
Provea detalla que durante el primer semestre del estado de alarma en el país ocurrieron por lo menos 442 detenciones en el contexto de manifestaciones.
Además, se registraron 159 detenciones arbitrarias, de las cuales 108 casos (el 67.5%) ocurrieron en los primeros tres meses. El único estado donde no se registraron detenciones fue Amazonas. El Distrito Capital concentró 34 casos, el 21.25% de la totalidad. Desagregadas por género 38 casos (24%) fue contra mujeres.
Los tres principales organismos responsables de detenciones arbitrarias fueron la Guardia Nacional Bolivariana (34 casos), las Fuerzas de Acciones Especiales (17 casos) y la División General de Comtrainteligencia Militar (17 casos). Se registraron 2 casos de detenciones realizadas en operaciones conjuntas entre la GNB y Colectivos. En total, 28 cuerpos de seguridad diferentes participaron en las detenciones arbitrarias.
Contra periodistas, activistas y médicos
Los perfiles de las personas detenidas sugieren las motivaciones de su privación de libertad. Al menos 59 detenciones arbitrarias ocurrieron contra periodistas y personas vinculadas a medios de comunicación, representando respecto al total un 37.10%.
Por otra parte, se registraron al menos 33 detenciones arbitrarias contra personas vinculadas a partidos políticos y funcionarios activos, para un 20.7% del total. El tercer perfil con mayor cantidad de detenciones arbitrarias fueron los médicos, médicas, enfermeros y personal vinculado al sector salud, con 25 privaciones arbitrarias de la libertad, un 13.5% respecto a los datos globales. 10 trabajadores y/o sindicalistas también sufrieron violaciones al derecho a la libertad personal.
Durante el primer semestre del estado de alarma ocurrieron cinco asesinatos en el contexto de manifestaciones, lo que reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público en el país. Las víctimas fueron Charlis Antonino Núñez (29), Rafael Hernández (21), Joe Luis Albornoz Paz (18), Carlos Enrique Chaparro (47) y Junior Enrique Chaparro.
Furia bolivariana
«En el patrón relativo a las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación pacífica el gobierno realizó una estrategia que denominó “Furia Bolivariana” para disuadir el ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión, así como el de libertad de opinión e información», reporta la ONG.
Luego de ser convocada a través de medios de comunicación por el propio Nicolás Maduro, en los dos primeros meses del estado de alarma se registraron 58 ataques contra residencias de personas, las cuales fueron vandalizadas con mensajes intimidatorios.
Disciplina e intimidación
Provea concluye que durante los primeros meses del estado de alarma las autoridades realizaron detenciones arbitrarias como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria. «Esta política logró el objetivo mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia en Venezuela, incrementando la censura y autocensura de líderes sociales y políticos, periodistas y medios de comunicación e integrantes del gremio médico en el país».
La ONG también denuncia que «con el Covid-19, la militarización y la política de seguridad nacional se ha recrudecido, manteniendo la política de persecución y acoso contra grupos denominados críticos, opositores por razones políticas».
