Luego de dos semanas de silencio, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) admitió que sacerdotes condenados por pederastia han vuelto a ejercer dentro de la iglesia venezolana, tal como reveló el diario estadounidense The Washington Post.
En rueda de prensa ofrecida en Caracas, el primer vicepresidente de la CEV, monseñor Mario Moronta, se refirió al caso del sacerdote Luis Alberto Mosquera, quien fue condenado en 2006 a más de siete años de prisión por abuso sexual contra un niño, pero no terminó su sentencia, y volvió a oficiar misa en el estado Lara.
Mosquera cumplió solo dos años de prisión, y en 2008 un juez le otorgó libertad condicional. Al salir de la cárcel, siguió como sacerdote en el pueblo Humocaro Alto del estado Lara.
«A lo largo de este año (2022) ha sido suspendido del ejercicio del ministerio y se le ha retomado nuevamente su proceso», dijo Moronta, sin precisar si la suspensión se dio luego de conocerse el reportaje del Washington Post.
El obispo también se refirió al caso de un sacerdote del estado Falcón que se declaró culpable de cometer un acto carnal contra una adolescente de 14 años, pero se le concedió arresto domiciliario y regresó a la iglesia.
«Desde hace ya varios meses a ese caso concretamente se le está haciendo un proceso administrativo penal de acuerdo a la norma de la iglesia», dijo.
«Profundamente consternados»
«Nos sentimos profundamente consternados y dolidos ante las situaciones de abusos que se presentan«, expresó el obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la CEV, monseñor Mario Moronta.
Al leer un comunicado oficial de la CEV, Moronta aseguró que «los abusos sexuales constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afectan a los más débiles».
En este sentido, afirmó que «los obispos ni se han opuesto ni se oponen a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos» contra niños, niñas y adolescentes.
Moronta aseveró que la Iglesia católica «ha procurado las investigaciones y los procesos según la legislación eclesial», reiterando «el compromiso de promover la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables».
Comisión de Prevención de Abusos
«Nos hemos comprometido a hacer de nuestras instancias de Iglesia lugares seguros para todos», dijo el vicepresidente de la CEV. Para ello, anunció que han constituido una «Comisión de Prevención» conformada por expertos en la materia.
En este sentido, informó realizando «diversas iniciativas orientadas a brindar información y formación a los diversos agentes de pastoral sobre la cultura del buen trato y la prevención de abusos«.
Además, explicó que la Conferencia Episcopal Venezolana dispone de «unas líneas-guías de actuación» ante presuntos abusos cometidos por clérigos y agentes de pastoral, y que estas han sido recientemente renovadas.
«En nuestras diócesis, institutos religiosos, centros educativos y sociales, hemos venido estableciendo mecanismos para recibir denuncias de presuntos abusos. Estamos actualizando códigos preventivos de conducta y protocolos de actuación para los que prestan sus servicios en el ámbito eclesial», detalló.
«Estamos conscientes de que siempre se puede hacer más y estamos dispuestos a hacerlo en sinergia con otras instituciones», añadió el monseñor.
La investigación del Post
El Washington Post examinó durante los últimos dos años 10 casos que involucran denuncias de abuso sexual infantil por parte de religiosos. En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, encontró sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión. En al menos tres casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio.
Además del caso del padre Luis Alberto Mosquera, el periódico también reveló que en Anzoátegui el sacerdote Enrique Castro Azócar fue detenido en 2019 y acusado de abuso sexual de dos menores. Castro se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual de un niño y fue sentenciado a cinco años. Pero en lugar de ir a prisión, se le otorgó medida sustitutiva de libertad y fue excarcelado con la condición de que se mantuviera alejado de las víctimas, fuera tratado por un psicólogo y compareciera ante un tribunal cada 30 días.
Un registro policial obtenido por The Washington Post muestra que este mismo sacerdote ya había sido acusado de un crimen similar en 2014. Según los documentos policiales, el obispo de la Diócesis de Barcelona, Jorge Aníbal Quintero, dijo que el padre Castro sería destituido como sacerdote, pero simplemente fue trasladado a otra parroquia.
La investigación también descubrió que un sacerdote en Zulia no pasó tiempo en prisión a pesar de haber sido condenado por abuso sexual agravado en contra de una niña de 12 años.
