Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay emitieron este jueves un comunicado conjunto en el que rechazaron la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar del país a los funcionarios de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y expresaron su preocupación por la detención arbitraria de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
En el comunicado, los gobiernos de estos cinco países manifestaron su «profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados».
De igual manera, rechazaron «las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo».
