Un grupo de organizaciones civiles anunció este sábado que presentarán la por ahora primera demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida por violar «los derechos fundamentales» de las personas radicadas en este estado sureño de EE.UU.
La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, argumenta que la «discriminatoria» SB1718 representa «una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado», no solo para los inmigrantes.
«Este ataque a nuestras comunidades de inmigrantes no prevalecerá. Diseñada a propósito para infligir crueldad, la SB1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia», dijo Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center.
La demanda se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
La ley, que entró este sábado en vigor, castiga severamente la inmigración irregular y a las empresas y personas que den empleo o ayuden a los inmigrantes indocumentados.
Fue promovida por el gobernador DeSantis, que es candidato a las primarias republicanas con vistas a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral.
Los demandantes argumentarán que la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes.
La demanda se centrará específicamente en las disposiciones de la Sección 10, que criminaliza el transporte a Florida de personas que pueden haber ingresado al país sin inspección federal.
«El poder único y exclusivo para regular la política de inmigración es otorgado por la Constitución de los Estados Unidos al gobierno federal, no a los estados», subrayó Chávez.
Amien Kacou, abogado de ACLU de Florida, subrayó que la SB1718 es «un ataque a la fibra de nuestro estado», además de «un acto extremo de extralimitación del gobierno estatal destinado a incitar al miedo y criminalizar a las comunidades inmigrantes».
Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, afirmó que «Florida tiene una orgullosa historia de dar la bienvenida a los inmigrantes, y nuestra prosperidad futura depende de que continuemos por un camino de bienvenida para todas las personas que viven en el Estado del Sol, independientemente de su lugar de nacimiento o estado migratorio».
«A todos los inmigrantes de Florida: son bienvenidos aquí y los apoyamos», agregó.
Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del American Immigration Council, destacó que la ley «fomenta una atmósfera de miedo y hostilidad».
«Nuestra demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio. Nadie debe vivir con miedo o enfrentar discriminación basada de su estatus migratorio, su presunto estatus migratorio o el estatus migratorio de sus familiares», agregó.
EFE
