Amnistía Internacional expresó este domingo su profunda preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, quienes se encuentran detenidos arbitrariamente en Venezuela.
100 días detenida cumplió Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue arrestada el 9 de febrero de 2024.
Durante su cautiverio, San Miguel ha sido víctima de desaparición forzada y no ha podido nombrar a su defensa técnica lo que constituye una violación a su derecho a la defensa y al debido proceso.
Por su parte, el activista y periodista Carlos Julio Rojas, tiene más de un mes detenido, luego de haber sido arrestado el 15 de abril por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
Amnistía Internacional denunció que Rojas ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos durante su detención, pues no se le ha permitido contacto con sus familiares, ni la designación de abogados de su confianza. Además, existe preocupación por su estado de salud.
Mientras que el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, tiene 1050 días detenido arbitrariamente, desde que fue arrestado el 2 de julio de 2021 en el estado Falcón.
Desde entonces hubo incomunicación prolongada, falta de acceso a un abogado de su elección y tortura, según han denunciado miembros de Fundaredes que tuvieron contacto con él y constantes retrasos en su juicio.
«Amnistía Internacional considera que la detención arbitraria de Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel forma parte de un patrón de represión contra los defensores de derechos humanos en Venezuela. Las autoridades venezolanas deben poner fin de inmediato a estas prácticas y garantizar la libertad inmediata e incondicional de estas personas», denunció la organización.
Frente a esto, Amnistía Internacional exigió:
– La libertad inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel.
– Se ponga fin a la detención de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
– Se investiguen de manera imparcial y independiente las denuncias de tortura y otros malos tratos sufridos por Tarazona, Rojas y San Miguel.
– Se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
