En el primer semestre de este año 2021 en Venezuela se registraron al menos 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país, de acuerdo al monitoreo de violencia policial y militar de Provea y el Centro Gumilla.
«Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad», aseguraron.
Aunque subrayan que es «sumamente grave» el asesinato de más de 800 personas, consideran positivo que haya una reducción de 48,6% respecto al primer semestre de 2020, cuando documentaron 1.611 presuntas ejecuciones.
«La disminución del número de asesinatos ratificó que las ejecuciones son una política de Estado. Cuando existe voluntad política para orientar a los cuerpos policiales en el sentido que sus actuaciones sean menos letales, se pueden lograr reducciones», señalaron, considerando que en esto influyó el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad.
Las organizaciones denunciaron que estos casos muestran «claramente el alto nivel de letalidad policial en el país, el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible».
«Persiste la práctica del disparen a matar», alertaron. «Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública», añadieron.
Poder de letalidad
Una de las novedades que se registran en este primer lapso del 2021 es el cambio en las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). La mayor evidencia es que en este período solo intervinieron, de acuerdo a este monitoreo, en 64 situaciones en las que se les atribuye ejecuciones extrajudiciales, a diferencia de las casi 417 que se les contabilizó en el mismo tiempo el año pasado.
En este renglón del comportamiento de los cuerpos policiales y militares hubo un cambio en el manejo del poder de letalidad. En los 6 meses analizados destaca con el mayor número de casos adjudicados el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, con 180, lo que representa el 21.74% de los 825.
Las policías estadales siguen actuando igualmente con altos niveles de letalidad. En conjunto, las policías estadales son responsables de 309 personas asesinadas en los 6 meses, reflejando que solo en el primer trimestre cometieron 212 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Las policías regionales de Zulia y Carabobo siguen siendo las más letales con 83 y 75 registros, respectivamente. Contrastando con el primer semestre de 2020 hubo una importante baja en la policía del estado Zulia si consideramos que fueron responsables en los primeros seis meses de 2020 de 122 asesinatos, a diferencia de la policía del estado Carabobo que incrementó la letalidad en línea contraria al contexto nacional. Mientras en el primer semestre de 2020 la policía del estado Carabobo fue responsable de 54 asesinatos, en 2021 se le atribuyen 75.
Llama significativamente la atención que, produciéndose una baja de los asesinatos perpetrados por policías y militares en el país, en el estado Carabobo por el contrario se afianzó la política de mano dura.
En el caso de las Fuerzas Armadas, en 2021 son responsables de 97 casos, discriminando 86 para la GNB, 8 para el Ejército, 1 para el CONAS y 2 para la Armada.
