El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó este martes una actualización sobre la situación en Venezuela, documentando al menos 18 casos de desaparición forzada desde enero de 2023 y que continúan las denuncias de torturas en los centros de detención.
«Desde enero de 2023, el ACNUDH ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención. Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas», denunció Nada Al-Nashif, adjunta del alto comisionado Volker Türk, quien fue la encargada de leer la actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Al-Nashif refirió que durante este período en que las víctimas estuvieron sometidas a desaparición forzada «hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero».
El patrón mostró que la mayoría de estas personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero.
Reportó que la Oficina de la ONU ha recibido denuncias de malos tratos infligidos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia, «algunas de las cuales podrían constituir tortura», dijo. «Es particularmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas Yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana».
En este contexto, la alta comisionada adjunta de la ONU pidió la «liberación total, así como una vez más, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente».
Alertó que «las personas defensoras de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel».
Al respecto, hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que se abstengan de aprobar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que -advirtió- «podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital».
Al-Nashif también expresó su «profunda preocupación» por la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a los funcionarios de la Oficina de DDHH de la ONU en Caracas y suspender sus operaciones.
«Desde la presencia del ACNUDH puedo dar fe de que se produjeron cambios positivos, sin embargo mucho queda por hacer», afirmó Al-Nashif, quien destacó que aunque no se ha registrado un uso indebido de la fuerza contra las manifestaciones pacíficas, sí ha habido detenciones arbitrarias y represalias contra personas que asisten a las protestas, en particular dirigentes sindicales y empleados públicos que reclaman por mejoras salariales.
