La Justicia federal argentina abrió una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.
La causa fue abierta por el fiscal federal Carlos Stornelli tras la denuncia presentada el mes pasado por la Fundación Clooney en los tribunales de Comodoro Py, sobre la base del principio de la jurisdicción universal.
En la investigación el fiscal busca determinar las presuntas responsabilidades penales de «integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana, sin perjuicio de toda otra responsabilidad que la instrucción eventualmente determine, sea del ámbito de la fuerza y/o de funcionarios gubernamentales de los cuales dependieran» por los homicidios de manifestantes cometidos en las protestas de 2014.
Entre los militares investigados se encuentran:
- Mayor General Justo José Noguera Pietri, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014;
- General de División José Dionisio Goncalvez Mendoza, Comandante de la Guardia del Pueblo en 2014;
- General de Brigada Arquímedes Herrera Russo, Comandante de la Región N* 2 de Carabobo en 2014;
- Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilan, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Región N* 2 de Carabobo en 2014;
- Coronel Ephraín Verdú Torrelles, Segundo Comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, Estado de Carabobo en 2014;
- Teniente Coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, Comandante del Destacamento N* 24 de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014;
- Teniente Coronel Carlos Martínez Astudillo, Comandante del Destacamento Norte en 2014;
- Teniente Luis Amaya Chirino;
- Sargento Segundo José Urdaneta Urdaneta,
- Sargento Segundo Jhonny Mallarino Miranda,
- Sargento Segundo Luis Reyes González,
- Sargento Segundo Jorvy Peñaloza Ramírez
- Sargento Segundo Royer Alejo Durán;
- Sargento Primero Johan Ramírez Hernández;
De acuerdo a los datos preliminares, los funcionarios de la GNB cometieron un ataque «generalizado» y «masivo» contra la población civil generando una «multiplicidad de víctimas».
Para avanzar con la investigación, el fiscal Stornelli pidió informes a al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Corte Penal Internacional (CPI).
Jurisdicción universal
La Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó en junio una denuncia ante la Justicia federal de Argentina para que el país investigue las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal.
Las evidencias presentadas por CFJ apuntan a la presunta responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas o percibidas vinculadas a la oposición política del gobierno.
La jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. En el caso de Argentina, la Justicia federal argentina ya ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos en lo que constituye ya una sólida línea de precedentes. Entre ellos, en 2010 una jueza federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977). Esto dio lugar a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado. En 2021, aplicando de nuevo la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya en Myanmar.
Además, a comienzos de este año 2023, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentó una denuncia penal para que se investiguen los crímenes cometidos por los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el marco de la cumbre de la CELAC que se celebró en Buenos Aires.
