El Registro Mercantil de España rechazó la solicitud del régimen de Nicolás Maduro para intentar tomar control de 25 millones de euros pertenecientes a la filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que están bloqueados en Europa.
El diario El Mundo informó que el régimen chavista había solicitado cambiar la composición de la junta directiva de la entidad, que desde el 3 de enero de 2020 está en manos del presidente interino, Juan Guaidó, quien designó a Enrique Castells como directivo.
Con esta operación, Maduro intentaba tomar de nuevo el control de los fondos que se encuentran en tres entidades financieras españolas y sacarlos de ese país.
Castells ha acusado a la exdirectiva de la gestión de Maduro, María Rosario Falcón, y a quien el chavismo pretendía poner de presidente de la entidad, Jonathan Adolfo Ardila, de falsedad en documento mercantil e imposición de acuerdos abusivos y ha advertido que el objetivo de Maduro pasa por trasvasar el dinero de la CVG a Rusia como ya hizo con activos de PDVSA.
A pesar de que formalmente los hombres de Guaidó tienen desde esa fecha el control sobre el dinero en bancos españoles, los mismos permanecen bloqueados por la disputa de poder en Venezuela.