La organización Transparencia Venezuela, en el exilio por la persecución del régimen, advirtió que la deuda externa venezolana aumentó a más de 170.360 millones de dólares en lo que va de 2026, una cifra que supera ampliamente la estimación previa realizada por la ONG al cierre de 2024, cuando calculó que el país debía 164.432 millones de dólares.
El incremento proviene únicamente de los nuevos montos reclamados por dos empresas socias de la estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa), lo que sugiere que el total real podría ser aún mayor.
En octubre de 2025, la organización publicó una estimación basada en cálculos de expertos que analizaron información disponible ante la ausencia de datos oficiales. Sin embargo, la situación cambió tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de 2026, cuando la empresa española Repsol reveló en su informe financiero anual que Venezuela le adeuda 4.550 millones de euros, equivalentes a unos 5.460 millones de dólares, más de cuatro veces lo estimado previamente. Poco después, el director general de la italiana ENI informó que el país mantiene una deuda de 3.000 millones de dólares, cifra que supera en 1.713 millones lo calculado inicialmente.
Transparencia Venezuela señala que estas revelaciones confirman que la deuda externa venezolana es mucho más elevada de lo que se creía, y que la falta de información oficial impide conocer con precisión cuánto se ha pagado, cuánto ha aumentado por intereses, qué descuentos se han aplicado por ventas de petróleo o qué renegociaciones se han realizado. El país, advierte la ONG, “sigue a ciegas” respecto al verdadero estado de sus compromisos financieros.
La organización recuerda que, según su análisis, los laudos arbitrales por incumplimientos contractuales y expropiaciones representan el 28% de la deuda no financiera, y que muchos de esos montos ya fueron confirmados por tribunales internacionales, acumulando intereses cada año debido a la insolvencia del Estado.
Transparencia Venezuela subraya que cualquier empresa asociada a Pdvsa que reclame deudas deberá presentar evidencias verificables y demostrar que sus acreencias cumplen con los requisitos legales, incluyendo la aprobación del Poder Legislativo legítimamente constituido. No obstante, recuerda que el marco legal venezolano ha permitido históricamente que Pdvsa se endeude sin control parlamentario, lo que complica la verificación de obligaciones.
La ONG sostiene que una de las tareas más urgentes del próximo gobierno legítimo será auditar la deuda externa, transparentar las obligaciones reales y negociar con criterios de equidad, desarrollo y atención a la crisis humanitaria. También advierte que, pese al default técnico no declarado desde 2017, algunos capitales petroleros continúan viendo oportunidades en Venezuela, especialmente ante la flexibilización de sanciones promovida por Estados Unidos.
Finalmente, Transparencia Venezuela afirma que Delcy Rodríguez, actual encargada del régimen y exvicepresidenta sectorial de Economía, tiene la responsabilidad de informar al país sobre el monto real de la deuda externa —financiera y no financiera— y de presentar el listado completo de acreedores y obligaciones reconocidas por el oficialismo.
