La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Bárbara Gabriela César Siero denunció que el régimen chavista detuvo y desapareció a sus dos hermanos y a su cuñada en diciembre de 2023, y los usó como rehenes para forzarla a firmar la sentencia que inhabilitó a la líder opositora, María Corina Machado.
César Siero, quien fue vicepresidenta de la Sala Político Administrativa, publicó un video en YouTube con su testimonio. Recordó, el 15 de diciembre de 2023 vencía el lapso para interponer las demandas de revisión de inhabilitaciones previstas en el Acuerdo de Barbados, y Machado, representada por su abogado Perkins Rocha, fue la última en presentar la suya.
Ese mismo día, sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, y su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y desde entonces no supo dónde estaban.
Aseguró que denunció lo ocurrido por teléfono a la entonces presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, y al entonces fiscal general, Tarek William Saab, y que el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, le dijo que desconocía su paradero.
La exmagistrada relató que el 22 de diciembre de 2023, una semana después de las detenciones, la abogada asistente del presidente de la Político Administrativa, que es además su hija, se presentó fuera de su despacho con las decisiones para que las firmara, y esperó hasta que lo hiciera. «Teniendo a mis hermanos y a mi cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, las de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas», relató.
Entre ellas estaba la de Machado, además de las de Henrique Capriles, Pablo Pérez, Leocenis García, Richard Mardo, Rosa Brandonisio de Scarano y Vincenzo Scarano, entre otros. Según su relato, la abogada le dijo entonces que las sentencias no fueron publicadas.
El 26 de enero de 2024, la nueva presidenta del TSJ le pidió firmarlas por segunda vez. En esa ocasión se publicaron extractos: Machado y Capriles quedaron inhabilitados; Pérez, García, Mardo, Daniel Ceballos y Brandonisio, habilitados. Para entonces, afirmó, habían pasado 46 días sin saber dónde estaban sus familiares.
Renuncias forzadas y un caso «fabricado»
César Siero relató que el 22 de enero de 2024, tras el anuncio de la llamada «Operación Brazalete Blanco», en la que el régimen involucraba a sus hermanos, la presidenta del TSJ le exigió que renunciara y, junto al primer vicepresidente del tribunal, la presionó durante horas hasta que firmó una carta «en contra de mi voluntad».
Tuvo que renunciar por segunda vez el 5 de febrero, tras ser interrogada por el fiscal general, Tarek William Saab, por haber estado presente en el allanamiento de los apartamentos de sus hermanos. Finalmente, fue egresada administrativamente el 15 de octubre de 2024, sin jubilación.
La exmagistrada sostuvo que los hechos atribuidos a sus familiares no ocurrieron: «no hubo fallecidos, ni heridos, ni disturbios, no hubo robo de armas», y calificó el caso como «una narrativa construida» para criminalizarlos, presionarla a ella y enviar «un mensaje subliminal» a los jueces militares.
Afirmó que sus familiares fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, incomunicados y torturados, y que el tribunal tardó 965 días en permitir juramentar a su defensa privada.
Condenas y petición de protección
El 1 de octubre de 2026, el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo condenó a su hermano Guillermo Enrique a 12 años de prisión por conspiración, y a Guillermo Henry y a Diana Victoria a tres años por encubrimiento, y los absolvió de los demás delitos.
La exmagistrada explicó que no habló antes por miedo a represalias. Responsabilizó «de manera directa y categórica» al Estado venezolano, a quienes ocuparon los cargos mencionados y a funcionarios de la DGCIM de cualquier daño contra su familia o contra ella, y pidió protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Human Rights Watch y otras organizaciones.
Pidió además que se anulen las sentencias contra sus familiares, y que se le conceda su jubilación. «Cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo», concluyó.
