A siete meses del intento de asesinato que sufrieron los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga en Bogotá, el proceso judicial se encuentra en un punto muerto. En una entrevista exclusiva concedida al diario El País, Velásquez denunció que la investigación fue frenada abruptamente debido a presiones políticas ejercidas sobre la Fiscalía colombiana.
El activista relató que, tras unas primeras semanas de avances esperanzadores donde se realizaron retratos hablados y se recopilaron videos de seguridad, el equipo investigador fue reemplazado a finales de 2025. «Nos enteramos por vías extraoficiales que la Fiscalía estaba recibiendo presión política. Cuando preguntamos qué tipo de presión, nos dijeron: ‘ustedes saben entender’», afirmó Velásquez.
La investigación inicial había arrojado hallazgos inquietantes que descartan cualquier hipótesis de delincuencia común o motivos personales. Según Velásquez, los atacantes realizaron un seguimiento previo en centros comerciales y supermercados, se hicieron pasar por trabajadores de la construcción para vivir en el mismo edificio que los activistas durante al menos 15 días y poseían fotografías y videos detallados de los movimientos de las víctimas.
«No sabemos por qué, teniendo ya tanta información y nombres, no avanzaron más», cuestionó el activista, subrayando la sofisticación del plan ejecutado contra ellos.
Velásquez fue tajante al desmentir las versiones ofrecidas por el ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, quien en su momento sugirió que el ataque se debió a «un tema netamente pasional».
«Peche y yo no somos pareja, ni tenemos problemas románticos con nadie en Bogotá. Eso se desmonta al ver lo elaborado del plan», sentenció. Para los afectados, la única explicación lógica es un caso de represión transnacional, motivado por el trabajo de denuncia que ambos realizaban sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
