La coordinadora política adjunta de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, afirmó que los primeros acuerdos logrados en el proceso político promovido por EE.UU. entre el régimen chavista y la Asamblea Nacional de 2015 son «un paso extraordinario», y aseguró que serán «garantes y guardianes» para que se cumplan.
Pichardo abordó primero el acuerdo sobre los activos venezolanos resguardados en el exterior. Afirmó que durante años acusaron a la AN 2015 de «haberse robado el oro de Inglaterra», pero que, según explicó, ese oro que la Asamblea Nacional custodia desde 2015 se ha revalorizado, con intereses y ganancias que «nunca fueron tocados», y que hoy podrán utilizarse para ayudar a los damnificados del doble terremoto.
Precisó que esos recursos no se transferirán directamente al régimen interino ni al Banco Central de Venezuela, sino que se manejarán, como el resto del tema financiero venezolano tras el 3 de enero, a través de Estados Unidos y de la Reserva Federal, con auditoría y control interno y externo «que va a permitirnos saber que ese dinero (…) va a llegar directamente a las personas que lo necesitan».
Pichardo aclaró que, si bien la comisión no tiene competencia directa sobre la respuesta a la emergencia por el terremoto, al no ser «un cogobierno», sí puso a disposición de los venezolanos unos recursos que, según dijo, han sido protegidos «por más de 10 años».
Sobre la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la dirigente sostuvo que ese fue precisamente el elemento que animó a Voluntad Popular a respaldar este mecanismo desde el primer día: la reinstitucionalización del país, algo que, según afirmó, lo diferencia de cualquier otro proceso de diálogo vivido en el pasado.
Pichardo recordó que tener un TSJ en manos del régimen chavista ha significado durante años expropiaciones, presos políticos y que la propia Asamblea Nacional de 2015 perdiera a sus diputados del estado Amazonas, además de que se legalizara el fraude electoral. Destacó que, en esta ocasión, no se trata solo de la sala electoral del tribunal, sino de una reforma completa de los 32 magistrados de todas las salas del TSJ.
La dirigente explicó que esto marcará una diferencia sustancial para los presos políticos, que hoy deben enfrentar apelaciones ante un TSJ «totalmente parcializado al gobierno», frente a la posibilidad de tener, en el futuro, una sala penal «absolutamente transparente», con magistrados nombrados según los requisitos constitucionales. Añadió que, como elemento novedoso, se conformará además un comité de postulaciones integrado tanto por miembros del régimen interino como de la sociedad civil, sin representación directa de partidos políticos.
