El proyecto impulsado por la Fundación Centro Gumilla –Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela– y Provea, Lupa por la Vida para el monitoreo de presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos de seguridad del Estado a nivel nacional, publica su informe correspondiente al primer semestre del año 2023, en el que registra 355 violaciones al derecho a la vida en manos de policías y militares.
A través de entrevistas realizadas a los familiares de las víctimas, el monitoreo de medios de comunicación y redes sociales, y la revisión de minutas policiales a las que se pudo tener acceso, el informe, en su segunda edición en formato semestral, recopila importantes hallazgos sobre estos asesinatos, como la información de las víctimas, el lugar y la fecha donde ocurrieron los hechos y los organismos que participaron.
Las víctimas
Los presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales registrados por el informe, en su mayoría producto del uso abusivo de la fuerza con intención letal. El 60,49 % de las víctimas responde a personas de entre 18 y 30 años, y el 90,06 % son personas de género masculino. A pesar de que el 63,66 % fueron identificadas, un porcentaje importante, 36,34 %, permanece anónimo.
La Policía Nacional Bolivariana, principal responsable
A pesar de la reestructuración de la cual fue objeto, y la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) se perfila como principal responsable de estas presuntas privaciones arbitrarias a la vida, con 96 casos de asesinatos bajo su actuación (27,04 % del total de víctimas). Lo siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con 67 presuntas ejecuciones; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), responsable de 63 privaciones y las policías estadales con 62 presuntos casos.
Estados más violentos
Los datos arrojados por este monitoreo indican que Carabobo, Zulia, Miranda y Aragua nuevamente encabezan la lista de los estados con mayor ocurrencia de hechos. No obstante, hay disminución de presuntas ejecuciones en algunos estados como Anzoátegui, Bolívar y Guárico; mientras que las cifras de privaciones a la vida aumentaron en Lara, Falcón, Sucre y, principalmente, en Carabobo y Miranda. Asimismo, a la policía estadal carabobeña se le atribuye el 54,84 % del conjunto total de víctimas de todas las policías estadales del país.
¿Presuntas ejecuciones extrajudiciales en descenso?
Gracias al monitoreo realizado desde el año 2021, se puede constatar que existe una disminución en las cifras correspondientes a las presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional que, sin embargo, no responde a un cambio de políticas en materia de seguridad por parte del Estado, sino que creemos que se refiere a los resultados del informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones unidas y la investigación iniciada por la Corte Penal Internacional (CPI), que ponen en la mira a los responsables de crímenes de lesa humanidad que, hasta el día de hoy, desempeñan cargos en la alta jerarquía y niveles de mando de los cuerpos seguridad del Estado venezolano.
