Colombia y Venezuela son dos de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos a causa de la violencia por el conflicto armado, en el primer caso, y por la «represión estatal», en el segundo, advirtió este martes Amnistía Internacional (AI).
«Colombia y Venezuela son países de especial preocupación: son dos de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Colombia sigue sumida en una crisis de violencia causada en gran parte por el conflicto armado, mientras que en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que restringe gravemente el espacio cívico», explicó AI en su informe presentado este martes en una rueda de prensa en Bogotá.
Amnistía Internacional expuso su preocupación respecto a la política de ‘paz total’, que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro, porque las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas «seguían sin estar claras durante 2025».
La política de ‘paz total’ de Petro busca negociar acuerdos o el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, entre otros.
«Nos preocupa cómo se está afianzando el uso de la fuerza letal en la región», aseguró la subdirectora de investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta.
Violación de derechos en Venezuela
La directora de Amnistía Internacional de Venezuela, Nastassja Rojas, afirmó por su parte que se debe entender la situación de Venezuela como un caso no aislado porque persiste un patrón de violación de derechos humanos.
«En el caso de Venezuela, se habla de los cuerpos de seguridad, del sistema judicial, del Ministerio Público y de un paquete de leyes restrictivas que silencian y castigan la disidencia», dijo Rojas.
Las detenciones arbitrarias «siguen estando vigentes en 2026» y no han cesado pese a la intervención de Estados Unidos el pasado 3 de enero. En 2025, AI registró 806 personas privadas de libertad de forma irregular y hasta la fecha aún hay más de 400 detenidos.
Las desapariciones forzadas y el uso del poder judicial son los dos mecanismos de vulneración de derechos de los venezolanos, según Amnistía Internacional, que detalló que 63 personas permanecen desaparecidas.
Rojas también denunció ataques a periodistas, detenciones a manifestantes y persecución a defensores de derechos humanos, lo que «constituye una afectación en cadena» para la sociedad.
Amnistía Internacional denunció el ataque al defensor venezolano Yendri Velásquez, quien huyó de su país tras una detención forzada y se trasladó hasta Bogotá donde fue atacado por sicarios con varios disparos que casi le cuestan la vida.
«Este ataque da cuenta de la desprotección en la que los defensores están actualmente», dijo la subdirectora de investigación de AI. EFE
