La organización Un Mundo Sin Mordaza presentó el balance semestral de libertad de expresión correspondiente al año 2026, en el cual documenta la persistencia de patrones de persecución y restricciones al ejercicio del periodismo en Venezuela.
De acuerdo con el reporte, la ONG Espacio Público registró un total de 65 casos, 131 violaciones a la libertad de prensa y 33 detenciones motivadas por la emisión de opiniones.
Asimismo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó 554 personas privadas de libertad por razones políticas hasta el 17 de junio, período en el cual se mantuvo la criminalización de contenidos difundidos a través de plataformas digitales como TikTok, según se ejemplifica en el caso del ciudadano Yorman Acevedo.
En el ámbito del ejercicio del trabajo de campo, las organizaciones de derechos humanos documentaron constantes agresiones físicas, amedrentamientos e interrupciones en la labor de los comunicadores sociales. Entre los eventos destacados en el balance figura la retención de 14 reporteros el 5 de enero de 2026, además de acciones ejecutadas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la sede de El Helicoide.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) registró 12 restricciones de acceso a la información durante la cobertura del terremoto registrado en el país, las cuales incluyeron amenazas de detención y confiscación de equipos de trabajo.
La censura en el espacio digital y en el espectro radioeléctrico constituyó otro de los ejes monitoreados durante el período. La organización VE Sin Filtro reportó el bloqueo de 202 dominios en internet, dentro de los cuales se encuentran 65 portales de noticias nacionales e internacionales.
A pesar de registrarse el levantamiento parcial del bloqueo contra la plataforma de red social X el pasado 25 de junio, el reporte indica que prosiguió el cierre sistemático de estaciones radiales —entre ellas Impacto, Unika, Urbana y Rítmica— a la par de la detección de redes inauténticas orientadas a interferir en la conversación pública digital.
Ante el cuadro de restricciones documentado en el balance, las organizaciones aliadas en la elaboración del informe instaron a las autoridades estatales al cese de las acciones contra periodistas, trabajadores de la prensa y ciudadanos en general.
El informe conjunto exige el levantamiento de los bloqueos a portales de información digital, la restitución de los espacios radiales fuera del aire y la liberación plena de la totalidad de las personas detenidas por motivos políticos en el territorio nacional.
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