El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su Sala de Casación Social, ordenó la entrega de los bienes muebles e inmuebles de la petrolera estadounidense Halliburton ubicados en Cabimas, estado Zulia, y en Maturín, estado Monagas, con el fin de que la empresa reanude sus operaciones productivas en el país.
Según la decisión, el TSJ decretó una medida cautelar innominada que ordena a los depositarios judiciales de dichos bienes —la Depositaria Judicial Maracaibo (DEJUMACA) y el depositario provisorio Pedro Victorio Malpica Morillo— entregar las instalaciones a Halliburton, para que la compañía las administre en calidad de depositaria, con facultades de uso, goce y disfrute, al tratarse de bienes considerados «estratégicos y críticos para la industria de hidrocarburos».
Halliburton suspendió formalmente sus actividades en Venezuela en diciembre de 2020, debido al endurecimiento de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. bajo la Licencia General 8, y dejó bajo resguardo o paralizados instalaciones, taladros y equipamiento en sus bases operativas de Maturín y la Costa Oriental del Lago.
Hacia finales de 2025, tribunales locales habían ordenado el embargo y posterior remate de un lote de activos de la multinacional, que incluía camiones, montacargas, plantas eléctricas, grúas y torres de iluminación ubicados en sus patios de Zulia y Monagas. Sin embargo, tras la captura del dictador Nicolás Maduro y el restablecimiento de relaciones del régimen interino con Estados Unidos, en febrero de 2026 fue suspendida la subasta programada para rematar esos bienes.
El fallo del TSJ comisionó a los Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de los Circuitos Judiciales del Trabajo de Zulia y Monagas para ejecutar la entrega material de los bienes embargados a la empresa, y designó a uno o varios veedores judiciales, a expensas de Halliburton, con facultades para constatar el cumplimiento de la medida y reportar periódicamente al tribunal.
