Ante la opacidad en el manejo de los ingresos estatales y la crisis agravada por los terremotos de junio de 2026, la organización Transparencia Venezuela propuso formalmente la creación de una unidad independiente de coordinación, gestión, monitoreo y transparencia para los recursos que el país recibe a través del Fondo de Depósito del Gobierno Extranjero (FGDF) y de la ayuda humanitaria internacional.
Tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos estableció el «Fondo Petrolero» mediante la Orden Ejecutiva n.º 14.373 para administrar los ingresos por exportaciones de crudo, gas y minerales de Venezuela.
Según el informe «Tras la pista del fondo«, se estima que este mecanismo captó entre 12.512,5 millones y 13.574,2 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, impulsado por un récord de exportaciones que superó los 1,25 millones de barriles diarios en mayo.
La urgencia de control y rendición de cuentas
La propuesta de una vigilancia independiente cobra vital importancia tras los terremotos del 24 de junio de 2026, que causaron miles de muertes y daños económicos estimados en hasta 8.700 millones de dólares. Transparencia Venezuela advirtió que, si bien estos recursos son fundamentales para la reconstrucción, la «opacidad sistémica» de las instituciones del régimen chavista y los riesgos de corrupción exigen una estructura de gobernanza imparcial y técnica.
Hasta la fecha, el régimen interino solo ha rendido cuentas sobre el uso de 300 millones de dólares, lo que representa apenas el 2% del total de ingresos estimados en el Fondo Petrolero.
Además de la unidad de monitoreo, la organización planteó una serie de medidas para garantizar que la bonanza petrolera beneficie a la ciudadanía. A PDVSA le exigió la publicación detallada de todos los Contratos de Participación Productiva (CPP) suscritos con empresas privadas y un informe que identifique a los compradores del crudo y los precios pagados. Al Banco Central de Venezuela (BCV) le demandó transparencia total sobre las divisas recibidas del Departamento del Tesoro de EE. UU. para intervenciones cambiarias, detallando quiénes fueron los compradores finales. Y a la Contraloría General le solicitó auditorías inmediatas sobre todos los reportes de ventas de petróleo amparados por la normativa estadounidense.
El informe subrayó que el presupuesto público de Venezuela depende ahora de los desembolsos mensuales autorizados por Washington, lo que modifica radicalmente las reglas fiscales tradicionales. Sin mecanismos claros de auditoría, Transparencia Venezuela advirtió que persiste el peligro de que se repitan las prácticas arbitrarias y discrecionales que caracterizaron la gestión económica del país durante las últimas dos décadas, facilitando la corrupción y el lavado de dinero.
¿A dónde va el dinero del petróleo venezolano?
En los primeros 6 meses de 2026, Venezuela exportó petróleo por USD 15.166 millones. Pero ese dinero no entra al país: lo administra EE.UU. en un fondo de protección contra acreedores de Venezuela, del que no tenemos información… pic.twitter.com/iwiofMjLgN
— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) August 5, 2026
