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Transparencia Venezuela propone crear un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas Abiertas

Redacción MonitoreamosporRedacción Monitoreamos
16 noviembre 2026
en Venezuela
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Transparencia Venezuela propuso crear un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas Abiertas que contempla la creación de la Autoridad Nacional de Contrataciones Públicas (ANCP), un ente con competencias de registro y seguimiento de todos los contratos del Estado, difusión de sus condiciones y activación de alertas antes de gastar los recursos públicos.

La ONG indica que los procesos de contratación y compras públicas figuran entre los más vulnerables al desvío de fondos. De acuerdo a Transparencia Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las pérdidas oscilan entre el 10 y el 25 % del valor de los contratos.

Para el caso venezolano, la organización señala más de 240 obras inconclusas identificadas en 22 estados y el deterioro de los servicios de electricidad, agua y transporte pese a «millonarias inversiones».

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Transparencia Venezuela sostiene que los apagones, la mala calidad del agua y la falta de insumos en hospitales y escuelas muestran lo que ocurre «cuando no hay seguimiento y se impone el secreto» en las contrataciones.

Qué es la ANCP

La ONG propone que la ANCP sea un instituto público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por ley orgánica y adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, pero con autonomía técnica, funcional, financiera y administrativa. Descarta adscribirla a la Presidencia de la República, por considerar que ese fue el vector de la Ley Constitucional Antibloqueo de 2020, y al Poder Ciudadano o la Contraloría, para no confundir al gestor con el controlador.

El ministerio no podría, según el texto, instruir sobre procesos concretos, ordenar la inscripción o exclusión de proveedores, retirar información publicada ni intervenir en las alertas. Toda comunicación del ministerio sobre un caso individual se registraría y se publicaría.

La ANCP tendría un Consejo Directivo de cinco miembros con mandatos fijos escalonados y una Dirección Ejecutiva con mandato de cinco años, ambos elegidos por concurso público. Dictaría la normativa técnica, operaría la plataforma de datos abiertos, administraría el registro de proveedores y de beneficiarios finales y la lista de inhabilitados, supervisaría el cumplimiento y recibiría denuncias. No contrataría por las entidades, no autorizaría ni vetaría contrataciones individuales ni determinaría responsabilidades de funcionarios. El diseño incluye además una central nacional de compras y un tribunal de contrataciones públicas.

El sistema comprendería a toda persona jurídica que administre recursos públicos, incluidas las empresas del Estado y la industria petrolera, los gobiernos estadales y municipales, y los fondos y fideicomisos, incluso los constituidos en el exterior. Para las compras y ventas de hidrocarburos propondría un régimen diferenciado, con subastas o cotización competitiva, pero con registro y publicación. Las obras, servicios y consultorías de esas empresas quedarían bajo el régimen general.

El documento señala que la ley de contrataciones ha sido objeto de «sabotaje normativo» mediante leyes paralelas, decretos de emergencia y regímenes de excepción, y propone cuatro candados: prevalencia de la ley, de modo que solo se pueda desaplicar por derogación expresa; inderogabilidad del registro de contratos, aun en emergencias; desclasificación automática de las reservas de información; y replicación de la base de datos en una custodia distinta del operador. Cita como ejemplo la contratación directa tras el sismo del 24 de junio de 2026, que el documento base describe como un «nuevo nicho de riesgo de corrupción masiva».

La propuesta plantea que parte de la apertura puede comenzar sin una nueva ley. En los primeros 100 días propone instalar una comisión multiactor, hacer un censo de entidades contratantes, inventariar las normas de excepción, iniciar un piloto voluntario de publicación abierta con entre cinco y diez entidades y presentar un anteproyecto de ley a discusión pública. El primer año incluye la aprobación de la ley orgánica, la creación de la ANCP, los concursos para sus autoridades y la puesta en marcha de la plataforma. La ley nueva derogaría de forma expresa la Ley Constitucional Antibloqueo y sustituiría la ley de contrataciones vigente.

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