La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, y el investigador Manuel Sánchez, analizaron en el programa de radio y stream de Aula Abierta, el recrudecimiento de los apagones en todo el país, con cortes que superan las ocho horas diarias en diversas regiones.
Para Transparencia Venezuela esta crisis no se debe a fenómenos climáticos, sino a una estructura sistémica de «gran corrupción» instaurada durante años de gestión del régimen chavista, lo que condenó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a un deterioro crítico.
La raíz del colapso actual se remonta a 2009, cuando el fallecido Hugo Chávez declaró la emergencia eléctrica. Según De Freitas, ese decreto fue el punto de partida para una gestión opaca, ya que «con la declaración de emergencia se abre el abanico de contrataciones públicas discrecionales».
Esta discrecionalidad permitió asignar contratos «a dedo» sin licitaciones, estudios de precios ni evaluación de la experiencia de las empresas. Transparencia Venezuela documentó que, bajo esta modalidad, se destinaron más de 29.000 millones de dólares al sector eléctrico, una cifra que no se tradujo en una mejora del servicio para la población.
Obras inconclusas
Las investigaciones de Transparencia Venezuela han identificado más de 200 obras, incluidas decenas de proyectos del sector eléctrico, que nunca se terminaron, pese a que en muchos casos se pagó más del 90% del costo total del contrato.
Entre los ejemplos más emblemáticos figuran la hidroeléctrica de Tocoma, proyecto paralizado que recientemente ha sido noticia por supuestas entregas a dedo para su reconstrucción; los parques eólicos de Guajira y Falcón, descritos por De Freitas como «monstruos gigantescos blancos (…) que están vacíos por dentro, que nunca se instalaron»; y termoeléctricas fallidas como las plantas Algimiro Gabaldón e India Urquía, que nunca llegaron a robustecer el sistema.
«Esa emergencia eléctrica no solamente se convirtió en una inmensa lista de casos de gran corrupción, sino que se tradujo en la destrucción de lo que había», sentenció De Freitas.
Sánchez desestimó la narrativa oficial de 2026 que culpa al fenómeno de El Niño por las fallas actuales, y explicó que la crisis real reside en la inexistencia de un parque termoeléctrico de calidad que debería compensar la falta de lluvias. Mencionó el caso de la empresa Derwick Associates y los denominados «bolichicos» como un ejemplo de cómo se dilapidaron recursos en proyectos termoeléctricos que nunca operaron eficazmente.
Impunidad y cleptocracia
Para los expertos, lo que ocurre en Venezuela es un caso de cleptocracia, un sistema donde los funcionarios públicos utilizan el gobierno para el robo masivo. De Freitas explicó que la «gran corrupción» se caracteriza por la participación del alto gobierno y la captura de las instituciones para garantizar la impunidad. «Al acabar con la autonomía y la independencia del sistema de justicia (…) se garantiza la impunidad», señaló.
Sánchez identificó a figuras clave en este entramado, como Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, y Javier Alvarado Ochoa, exdirectivo de Electricidad de Caracas, quienes enfrentan múltiples procesos internacionales por corrupción y lavado de dinero.
Las consecuencias de esta gestión son devastadoras para los derechos humanos. De Freitas fue enfática: «la corrupción viola derechos humanos, atenta e impacta a la gente (…) causa muertes de muchas maneras».
Detalló que se han documentado casos de pacientes que fallecieron por no poder recibir diálisis o ser operados debido a los cortes eléctricos en hospitales. Además, en 2026 se reporta un grave impacto en la salud mental de la población debido a la angustia que generan los apagones constantes.
Pese a la gravedad de la situación, en agosto de 2026 persiste la opacidad oficial: no se publica la ley de presupuesto ni los contratos públicos, y se mantienen prácticas de nepotismo en las altas esferas del poder.
Hacia una reconstrucción del sistema
Para superar la crisis, Transparencia Venezuela propuso reformas estructurales: crear una agencia nacional de contrataciones públicas bajo estándares internacionales; establecer un sistema de justicia especial anticorrupción que sancione a los responsables; realizar auditorías técnicas y financieras independientes con apoyo de las universidades nacionales; y modernizar la Ley del Servicio Eléctrico para permitir la participación del sector privado y separar al ejecutor de la dirección del sistema.
«No va a funcionar nada si nosotros no tenemos un sistema especial de justicia completo (…) que investigue, sancione y marque los parámetros del castigo a la gran corrupción», concluyó De Freitas.
