En su más reciente informe, la organización Transparencia Venezuela lanzó una alerta sobre los riesgos que enfrenta el país para una posible transición, señalando que la seguridad jurídica para las inversiones es «necesaria pero no suficiente» si no viene acompañada de una reinstitucionalización democrática profunda.
Tras los eventos del 3 de enero, con la captura del dictador Nicolás Maduro, el régimen de Delcy Rodríguez ha iniciado, bajo la presión de Estados Unidos, reformas económicas para atraer inversión nacional y extranjera, especialmente en hidrocarburos y minería. Sin embargo, el análisis identifica ocho riesgos críticos de implementar cambios económicos sin restituir garantías civiles y políticas.
- Transición de papel: Este riesgo consiste en la creación de instituciones que lucen bien en la legislación pero carecen de poder real, independencia y capacidad de implementación. Estas «instituciones fachada» generan una ilusión de reforma que erosiona la confianza a largo plazo, como ocurrió en Rusia durante la década de los 90 y en Myanmar entre 2011 y 2020.
- La trampa de la cleptocracia y captura de la renta por parte de élites: Las élites asociadas al régimen anterior suelen camuflarse en la nueva estructura institucional para capturar industrias estratégicas y rentas emergentes. El informe cita el caso de los oligarcas rusos, quienes reciclaron su influencia para consolidar estructuras transnacionales de corrupción y lavado de dinero.
- El reacomodo de los cleptócratas: En un cambio de gobierno, los actores de la red autoritaria pueden utilizar el producto de sus abusos pasados para mantenerse en sectores económicos estratégicos. Desde allí, obstaculizan los cambios institucionales para garantizar su propia impunidad y preservar privilegios, un fenómeno observado en la transición pactada de Chile.
- Predominio de intereses geopolíticos sobre la democracia: Ocurre cuando los países inversores priorizan el acceso a recursos estratégicos o la influencia regional por encima del desarrollo humano y los derechos civiles del país receptor. En este escenario, la eficiencia económica se ve desplazada por la conveniencia política de las potencias extranjeras.
- Transición económica sin cambios políticos: Este riesgo se ejemplifica en los modelos de China y Vietnam, donde se han implementado reformas exitosas hacia el libre mercado y la seguridad de la propiedad, pero manteniendo un control autoritario de partido único. El resultado es crecimiento económico sin la restitución de garantías civiles ni rendición de cuentas.
- Entradas de capital especulativo: La llegada masiva de capitales que buscan altos rendimientos en el corto plazo puede generar distorsiones profundas y volatilidad. Estos flujos oportunistas, que aprovechan activos subvalorados, suelen retirarse ante la primera señal de inestabilidad, como sucedió en la «crisis del tequila» en México (1994-1995).
- Impunidad pactada: Se produce cuando los acuerdos de transición priorizan la estabilidad política sobre la rendición de cuentas. Esto deja sin juzgar casos de gran corrupción y violaciones de derechos humanos, debilitando las instituciones democráticas y favoreciendo la entrada de capitales poco transparentes, como se ha visto en Malasia y Sudáfrica.
- Influencia decisiva del poder económico: Las élites económicas altamente concentradas logran moldear las políticas públicas a su favor mediante el lobby, el financiamiento electoral y las «puertas giratorias». Casos en Perú, Bulgaria y Georgia demuestran cómo estos mecanismos afectan la competencia y la previsibilidad regulatoria.
La organización concluye que Venezuela requiere atraer «capitales constructivos», con inversiones responsables y transparentes, para evitar que la modernización económica se convierta en una fachada que solo beneficie a grupos conectados con el poder.
Para Transparencia Venezuela, el desarrollo solo es genuino si permite la expansión de las capacidades y libertades de todos los ciudadanos en democracia.
