El Comité de Mujeres Políticas solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad total de la Ley contra el Odio, en una demanda que también contempla medidas para las personas privadas de libertad por delitos tipificados en ese instrumento legal.
La política y coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela, Iris de Franca, explicó que la solicitud busca contribuir al proceso de pacificación y reconstrucción de las instituciones venezolanas. «Consideramos que la Ley del Odio ha sido una ley que, más allá de contribuir a la paz, lo que ha hecho es contribuir a la persecución no solo de activistas por los derechos humanos, no solo de políticos, dirigentes políticos, sino también de medios de comunicación y periodistas que han sido severamente perseguidos en la aplicación de esta ley», afirmó.
De Franca sostuvo que la norma «no contribuyó nada a la tolerancia y a la paz», sino que, por el contrario, «contribuyó al odio, a la división, a la persecución del Estado, a la disidencia«.
Afirmó que, tras un año de trabajo en los procesos de pacificación del país, las mujeres que impulsan la iniciativa alzan la voz por la ciudadanía para solicitar la nulidad total de la ley por inconstitucionalidad, y expresó su esperanza de que la acción sea interpretada como una búsqueda genuina de paz, tolerancia y reencuentro nacional.
Precisó que, en el marco del actual proceso de reinstitucionalización del país, la derogación de esta legislación es una de las medidas urgentes necesarias, y adelantó que más adelante se debatirán las normas que deberían crearse para promover la convivencia y la paz. De Franca invitó a ciudadanos, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a la acción de nulidad en los próximos días.
De Franca también anunció que solicitarán una reunión con la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen chavista, así como con el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, para presentarles el recurso y sus propuestas sobre los cambios legislativos que consideran necesarios en el actual proceso de pacificación.
La abogada Gloria Pinho, quien consignó la demanda junto al comité, explicó que se trata de una demanda constitucional por inconstitucionalidad de la Ley Constitucional contra el Odio, con la que se aspira a que la Sala Constitucional del TSJ revise los artículos que, a su juicio, transgreden el derecho de la ciudadanía a la libre expresión.
Pinho precisó que, junto a la demanda, se solicitaron medidas cautelares innominadas, entre ellas el cese inmediato de las privaciones de libertad que existen actualmente por delitos tipificados en la ley, así como una medida similar para quienes ya han sido condenados por esos delitos, la cual esperan que la Sala Constitucional decrete de inmediato.
