En el mes de septiembre se registraron 68 ataques e incidentes en contra de defensoras de derechos humanos, abogados y organizaciones, 41 casos más que en el mes de agosto, documentó la Organización No Gubernamental, Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
En su más reciente informe «Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela», reportaron un incremento de agresiones, especialmente la estigmatización y otros hechos de carácter más violento como intimidación, hostigamiento y amenazas, siendo un riesgo «para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país, sin que existan mecanismos efectivos para su protección.»
Esto a pesar de las denuncias y recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y otros actores de la comunidad internacional al régimen de Nicolás Maduro.
Los 68 hechos registrados durante el mes de septiembre se caracterizaron por los siguientes patrones de agresión:
Caracterización de los ataques:
- Estigmatización: 47
- Intimidación y hostigamiento: 15
- Amenazas: 4
- Ataques digitales: 2
El hostigamiento judicial en contra de personas defensoras, abogados y organizaciones se emplea como mecanismos de represalia, así como también pretende tener un efecto atemorizante en el resto de organizaciones, al utilizarse el derecho penal para criminalizar bajo la lógica del enemigo.
Lógica del enemigo interno aplicada en contra de la defensa de los DDHH
El régimen «continúa criminalizando la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos, ello en un contexto en el cual se sigue profundizando el cierre del espacio cívico y democrático y cercenando las libertades fundamentales. En este escenario septiembre se presenta como el mes con la mayor cantidad de ataques documentados por el Centro para los Defensores y la Justicia en lo que va de 2022.»
Entre los actos de intimidación, señalamientos, descalificaciones e incidentes registrados, algunos se constituyen como represalias en el marco de la presentación del informe de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela, así como también en relación a los casos denunciados y visibilizados en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Secretaria General de Naciones Unidas relativo a los actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos.
La criminalización de la cooperación internacional ha sido una de los principales elementos que han caracterizado la persecución sistemática de quienes exigen y defienden los derechos humanos en el país.
