Una nueva investigación periodística reveló que Curazao se convirtió en un punto clave para el ingreso de oro venezolano contaminado y de origen ilícito en el mercado internacional, pese a los controles y advertencias sobre la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco.
El reportaje, elaborado por el consorcio OCCRP y organizaciones aliadas, detalla que durante años redes de contrabando utilizaron la isla como plataforma de tránsito para “blanquear” oro extraído en condiciones ilegales en el sur de Venezuela, incluyendo zonas protegidas y territorios indígenas. El metal era trasladado desde pistas clandestinas y rutas marítimas hacia Curazao, donde adquiría documentación que lo hacía pasar como oro de origen legítimo antes de ser exportado a refinerías y mercados internacionales.
Alrededor de 70 toneladas métricas de oro venezolano con un valor de más de 2.200 millones de dólares fueron canalizadas a través de la isla caribeña de Curazao antes de ser refinadas en Suiza entre 2012 y 2018, según facturas, registros bancarios, resultados de refinación, declaraciones judiciales y correos electrónicos obtenidos por OCCRP y sus socios. La operación involucra a Argor-Heraeus, una de las refinerías de oro más grandes del mundo.
La investigación señala que el oro venezolano llegaba a Curazao sin certificaciones ambientales ni trazabilidad, muchas veces contaminado con altos niveles de mercurio, producto de los métodos de extracción utilizados en el Arco Minero. Una vez en la isla, intermediarios y empresas vinculadas al comercio de metales preciosos lo mezclaban con oro de otras procedencias o lo registraban bajo nuevas declaraciones de origen, lo que permitía su entrada a cadenas globales de suministro.
Este mecanismo habría permitido que oro extraído en zonas controladas por grupos armados, sindicatos mineros y redes criminales terminara en mercados de Europa, Medio Oriente y Estados Unidos.
El oro proveniente del sur de Venezuela está asociado a deforestación masiva, contaminación de ríos, explotación laboral y desplazamiento de comunidades indígenas. La investigación subraya que la falta de controles en Curazao facilitó que este impacto quedara fuera del escrutinio internacional, al permitir que el metal se integrara a cadenas de suministro que exigen certificaciones de origen responsable.
