A través de un comunicado oficial de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció este miércoles 13 de mayo el lanzamiento formal de un proceso de reestructuración integral de su deuda pública externa y de la estatal PDVSA.
La administración de Delcy Rodríguez calificó la medida como una decisión «responsable, nacionalista y social», cuyo objetivo principal es aliviar la carga financiera que pesa sobre el país para, supuestamente, destinar esos recursos a la inversión en servicios públicos esenciales como salud, electricidad, agua y educación.
En el texto oficial, el régimen asegura que Venezuela mantuvo su solvencia y cumplió con sus obligaciones internacionales hasta el año 2017, momento en el que, según su versión, las sanciones financieras impidieron la capacidad de pago y el acceso al financiamiento normal en los mercados internacionales. Sin embargo, fue a partir de 2019 cuando la comunidad internacional impuso las principales sanciones económicas sobre el régimen.
«Por demasiado tiempo, el país ha sido privado del acceso normal a financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en infraestructura y recuperación productiva», reza el comunicado, que busca posicionar la reestructuración como un «nuevo capítulo» para atraer inversiones y estabilizar la economía nacional.
El proceso apunta a obtener un alivio sustancial de los compromisos financieros. El régimen sostiene que las obligaciones actuales son «insostenibles» y que los recursos deben priorizar el bienestar de la población por encima de los acreedores internacionales.
