El régimen de Nicolás Maduro votó este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en contra de la resolución que condena las violaciones a los derechos humanos en Afganistán, respaldando así a los talibanes que desde hace más de un año ejercen el poder de facto.
El proyecto fue aprobado con 29 votos a favor, 15 abstenciones y solo tres votos en contra: Venezuela, China y Pakistán.
«Venezuela rechaza el proyecto de resolución. Vienen a este consejo a presentar esta iniciativa con la cual pretenden renovar el mandato del mecanismo de monitoreo impuesto al país y a su pueblo al cual dicen proteger, mientras bloquean el acceso a sus recursos en el Banco Central e impiden el financiamiento del Banco Mundial y del FMI«, manifestó el representante del régimen chavista, en referencia a las sanciones impuestas contra Afganistán.
La resolución aprobada pide «que se ponga fin de inmediato a todos los abusos y violaciones de los derechos humanos y las vulneraciones del derecho internacional humanitario en el Afganistán, que se respeten rigurosamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, entre otros los derechos a la vida, la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a un recurso efectivo, los derechos a un nivel de vida adecuado».
Además, condena todas las formas de discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la esclavitud sexual de niños (bacha bazi) y el matrimonio infantil, precoz y forzado que constituyen abusos y violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Asimismo expresa «gran preocupación por las constantes denuncias de graves abusos y violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidos contra niños, incluidos asesinatos y las mutilaciones, violencia sexual y de género en todas sus formas, explotación, reclutamiento y utilización de niños por las fuerzas armadas y grupos armados en las hostilidades, ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, uso militar ilícito de instalaciones educativas y denegación del acceso humanitario».
