Pueblos y comunidades indígenas de Venezuela exigieron el reconocimiento y la restitución de sus derechos como condiciones indispensables para avanzar hacia una transición democrática, recuperar el Estado de derecho y fortalecer las instituciones, en medio de la continuidad de la minería ilegal y las amenazas sobre sus territorios.
Las exigencias fueron planteadas durante el segundo Taller de Promotores de Derechos Indígenas, realizado del 17 al 19 de agosto en Caracas, en el marco de la Escuela de Formación Permanente en Derechos Indígenas «José María Korta – Ajishama». La iniciativa fue promovida por Provea, Wayamouteri, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (GTAI-ULA) y la coalición Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).
En el encuentro participaron 14 líderes y lideresas indígenas de Amazonas y Bolívar, egresados de la primera cohorte de promotores, quienes analizaron la situación de sus territorios, identificaron las principales amenazas y expusieron las condiciones necesarias para garantizar sus derechos y fortalecer la participación ciudadana.
La actividad se desarrolla en un contexto de cambios políticos tras la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses el 3 de enero y el acercamiento entre la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y la Administración de Donald Trump, mediante acuerdos energéticos y comerciales.
Provea y otras organizaciones de la sociedad civil consideraron positivos los anuncios de excarcelaciones de presos políticos y la disminución de la represión contra la disidencia. Sin embargo, advirtieron que el nuevo escenario debe conducir a una transición democrática genuina, con reformas del sistema de justicia, desmontaje del marco legal represivo, apertura del espacio cívico y cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La organización también alertó sobre el riesgo de que los intereses de inversionistas extranjeros prevalezcan sobre los derechos de la población. En ese sentido, cuestionó que los acuerdos con Estados Unidos en materia energética y extractiva, que incluyen reformas de las leyes de Hidrocarburos y de Minas, se hayan impulsado sin consultar a la sociedad ni a los pueblos indígenas potencialmente afectados por nuevos proyectos.
La minería ilegal, principal amenaza
Los participantes coincidieron en que la expansión de la frontera extractiva y la minería ilegal constituyen la principal causa de las violaciones de derechos humanos que sufren los pueblos indígenas. Estas actividades se han extendido durante al menos dos décadas y se han intensificado en los últimos diez años, especialmente tras la puesta en marcha del proyecto del Arco Minero del Orinoco en 2016.
Aunque anteriormente la minería ilegal se concentraba en zonas específicas de Bolívar y en Amazonas tenía un alcance artesanal y limitado, actualmente se ha expandido por buena parte de ambos estados, pese a la prohibición establecida en el Decreto Presidencial N.º 269 de 1989 para Amazonas.
Según el diagnóstico presentado, el crecimiento de las zonas mineras ha estado vinculado con la ocupación de territorios por grupos armados irregulares procedentes de Colombia y Brasil, así como por bandas delictivas organizadas. Estas estructuras se han fortalecido en medio del abandono estatal y la anuencia de las autoridades.
Como consecuencia, el régimen ha perdido el control efectivo de territorios, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la capacidad de garantizar servicios públicos esenciales. En estas regiones, las comunidades enfrentan el incumplimiento de obligaciones estatales relacionadas con la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la defensa de la soberanía y la regulación de la actividad económica.
Los pueblos indígenas insistieron en que cualquier proceso de transición debe garantizar la protección de sus territorios, la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que las afectan y la restitución de sus derechos, en lugar de perpetuar un modelo que favorezca la explotación de los recursos naturales sin garantías ambientales ni sociales.
