El coordinador general de la ONG Provea Rafael Uzcátegui, calificó la renovación por dos años del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, como «una decisión a favor de los derechos humanos de todos los venezolanos».
Por MONITOREAMOS.COM
«Es una importante victoria especialmente para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y, además, es una buena noticia para todos los habitantes de nuestro país, porque este trabajo de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en este momento, significa el principal muro de contención contra el autoritarismo y el abuso de poder», dijo Uzcátegui.
«Los 23 países que se abstuvieron de votar nos recuerdan, una vez más, que el costo político de un apoyo público a un gobierno de la naturaleza de Nicolás Maduro, es cada vez mayor«, destacó.
Recalcó que «esta ausencia de instituciones que tenemos hoy en Venezuela, nos ratifican la importancia de tener este monitoreo cercano en materia de derechos humanos y pone sobre la mesa de nuevo, la necesaria reforma del tema de administración de justicia que dé respuesta a los reclamos de todos los venezolanos».
Por su parte, Calixto Ávila, representante de Provea en Europa, aseguró que la renovación de mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela era una «decisión indispensable» para las víctimas.
«La aprobación de la renovación era indispensable para que las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos en el país vieran esperanzas de que se va a combatir la impunidad de esas graves violaciones«, indicó Ávila.
Explicó que esta resolución ordena a la misión la presentación de dos informes verbales y dos informes escritos durante las siguientes sesiones del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos y hasta septiembre de 2024. «En la misma resolución fue renovado el mandato del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para que presente dos informes orales y dos informes escritos con una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes anteriores», agregó.
Advirtió Ávila que se viene un periodo electoral con elecciones presidenciales en el 2024, además de regionales y parlamentarias en el 2025. «La experiencia indica que la persecución de personas opositoras o percibidas como tales, se acrecienta en dichos periodos preelectorales llegando inclusive, a constituir crímenes de lesa humanidad», insistió.
