La organización Provea denunció que el régimen de Delcy Rodríguez continúa replicando ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el mismo patrón de ataques, descalificaciones y criminalización contra defensores de derechos humanos que caracterizó al gobierno de Nicolás Maduro durante los últimos años.
La alerta surge tras la presentación, el pasado 3 de marzo, del informe más reciente de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, durante la cual la representación venezolana volvió a acusar a activistas y organizaciones de “instrumentalizar” la defensa de derechos humanos con fines políticos.
Según Provea, la delegación venezolana entregó una declaración escrita —no leída en el hemiciclo— en la que afirmó: “Respaldamos la labor de los defensores de los derechos humanos y rechazamos categóricamente que algunas personas pretendan instrumentalizar esta labor con fines políticos para promover acciones de desestabilización interna”.
El texto agrega que “ningún defensor verdadero de derechos humanos puede involucrarse en la planificación o ejecución de acciones de violencia” y que la condición de defensor “no otorga inmunidad ante la ley”.
Provea subrayó que estas afirmaciones son idénticas a las pronunciadas por el gobierno venezolano en marzo de 2025, cuando también acusó a activistas de estar “políticamente motivados y financiados desde el extranjero”.
Un patrón sostenido
La ONG recordó que este tipo de ataques no es nuevo. Desde el 5 de marzo de 2021, la representación venezolana en Ginebra ha respondido a los informes de la Relatora Especial con acusaciones de conspiración, financiamiento extranjero y supuestos intentos de desestabilización.
En 2023, el gobierno descalificó el informe de Lawlor por incluir el caso de la defensora Vanessa Rosales, detenida por ayudar a una adolescente de 13 años víctima de violación. En esa ocasión, el representante venezolano afirmó que la relatora contribuía a “matrices de opinión negativas” y hacía “el juego” a factores que buscaban desestabilizar al país.
La organización calificó como “inaceptable” que la administración de Delcy Rodríguez continúe utilizando el Consejo de Derechos Humanos para criminalizar a quienes defienden derechos fundamentales, en lugar de atender las recomendaciones internacionales.
Provea advirtió que estas descalificaciones buscan legitimar la persecución interna contra activistas, organizaciones y víctimas, y que forman parte del mismo andamiaje legal y represivo que ha llevado a la cárcel o al exilio a decenas de defensores en Venezuela.
“La criminalización de defensores ante una instancia internacional evidencia la intención de sostener la persecución, utilizando estructuras estatales que durante años han reprimido a quienes documentan violaciones de derechos humanos”, señaló la ONG.
