Primero Justicia respalda la reanudación de las investigaciones por parte de la CPI en torno a las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela
El partido Primero Justicia se pronunció en torno al reciente informe emanado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien presentó este martes 1 de noviembre ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de La Haya una petición de autorización para que su oficina reanude la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al recordar que lamentable en nuestro país no hay Estado de Derecho y por eso la CPI es el único órgano que puede lograr la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas».
El fiscal de la CPI argumentó que «tras una evaluación objetiva e independiente de una cantidad considerable de información proporcionada hasta la fecha por Venezuela así como por otras fuentes fidedignas, he llegado a la conclusión de que la inhibición que Venezuela solicita no está justificada en la fase actual, y que se debería autorizar la reanudación de la investigación. Los motivos para esta conclusión se exponen de forma exhaustiva en nuestra petición”.
En este orden, la tolda amarilla se mostró de acuerdo en la reanudación de las investigaciones en torno a las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela por parte de la CPI y exigió Justicia y reparación de los daños materiales, morales, humanos y psicológicos a las víctimas y sus familiares.
De igual forma desde el partido justiciero se consideraron alarmantes las cifras y hechos reflejados por la CPI en torno a la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y entre ellos destacan los siguientes:
En 78,39% de las investigaciones abiertas por la fiscalía de Venezuela no ha habido progreso.
De los 893 casos, en el 85,55% ni siquiera se ha identificado un sospechoso, y si lo están, la gran mayoría de sus rangos o cargos dentro de la jerarquía o cadena de mando no se proporciona.
Cuando se identifican, los sospechosos que están siendo investigados o (más raramente) procesados internamente son perpetradores físicos directos que parecen ser exclusivamente de bajo rango miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Las autoridades venezolanas no han investigado personas en posiciones medias o altas de autoridad en el aparato del Estado que puedan también incurrir en responsabilidad penal por la comisión de los delitos.
67,86% de los casos se encuentran apenas en etapa de instrucción preliminar, a pesar de que los crímenes ocurrieron hace más de cinco años, en 2017.
En el 70% de los casos, las autoridades no presentaron información para fundamentar su solicitud de diferir la investigación de la Corte Penal Internacional.
Solo el 7,61% de los casos que la Justicia de Venezuela dice estar investigado se relacionan con delitos identificados por la Fiscalía de la CPI, entre ellos solamente 12 son por torturas.
En este sentido, desde Primero Justicia se propone que se realice mediante la supervisión y gestiones de la Corte Penal Internacional y su Fiscal, investigaciones claras y precisas sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y la violación sistemática de los mismos por parte del oficialismo y «sus funcionarios y cuerpos de «seguridad».
Se realiza un llamado a la comunidad internacional democrática a permanecer vigilantes y atentos ante la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, debido a que han sido muy pocos los avances en este tema.
No se olvidan todas las torturas, vejaciones y hasta asesinatos en contra de los presos políticos y sus familiares. Resaltando el caso de nuestro dirigente Fernando Albán que fue asesinado en custodia del Estado y nuestro vicepresidente de nuevas generaciones, Juan Requesens, quien fue víctima de un proceso amañando, violando sus Derechos Humanos.
Exigimos justicia prontamente ante estás vejaciones y violaciones de todos los Derechos Humanos de todos aquellos que por pensar distinto han sido encarcelados y víctimas de constantes violaciones a la dignidad humana.
