El partido Primero Justicia (PJ) calificó este viernes de «burla» el anuncio de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, sobre el ajuste del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares y las pensiones a 70 dólares, señalando que el aumento no representa una mejora real frente a una inflación acumulada del 71,8% en el primer trimestre de 2026 y una inflación anualizada de 649,5%, según datos del propio Banco Central de Venezuela (BCV).
«Hicieron un anuncio que dejó a los trabajadores con más dudas que certezas», señaló la tolda aurinegra en un comunicado, cuestionando que el régimen no precisó cuánto del ingreso anunciado corresponde a salario base y cuánto a bonificaciones.
El partido desglosó el impacto real del anuncio para dos grupos. Para un trabajador activo de la administración pública, que cobraba salario mínimo más bono de guerra más cestaticket por un total de 190 dólares, el aumento real es de apenas 50 dólares, cuya distribución entre salario base y bonos el régimen se negó a revelar.
Para los pensionados del Seguro Social, la situación es aún más precaria: venían cobrando 130 bolívares de salario mínimo más 60 dólares de bono de guerra. Si la pensión pasa a 70 dólares, el aumento real es de apenas 16,6%, «que no alcanza siquiera para comer», denunció PJ.
La organización también desmontó el argumento oficial de que los aumentos salariales generan inflación, recordando que «el salario mínimo y las pensiones permanecieron congelados en 130 bolívares durante cuatro años mientras la inflación continuó su ascenso exponencial».
PJ identificó como factores que perpetúan la crisis la «devaluación de la moneda de curso legal, el control de cambio, el financiamiento del déficit interno por parte del BCV, la contracción de la oferta por la destrucción del aparato productivo y la caída abismal del consumo». Y fue directo sobre la solución de fondo: «Para que Venezuela transite por el camino que conduce al progreso y el desarrollo debemos salir de Delcy Rodríguez y todo lo que ella representa».
El partido vinculó la recuperación del poder adquisitivo a un cambio político profundo, reiterando su propuesta de seis pasos para la transición: renovación de los poderes públicos; liberación de todos los presos políticos, civiles y militares; garantías para el retorno de los exiliados; fin de la persecución política dentro y fuera del país; fin de la censura contra medios y periodistas; y convocatoria de elecciones libres con garantías internacionales, preservando el espíritu del 28 de julio de 2024.
