Un reciente informe del Miranda Center for Democracy, titulado «Ejércitos que poseen economías: Captura militar-comercial en Cuba y Venezuela», reveló que el flujo masivo de recursos provenientes de Venezuela no solo sostuvo la economía de la isla, sino que fue fundamental para financiar y consolidar al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el holding militar que hoy controla entre el 40% y el 50% de la economía cubana.
Según el informe, desde el año 2000 Venezuela ha transferido a Cuba al menos 63.800 millones de dólares, de los cuales 57.400 millones corresponden a envíos de petróleo ajustados por inflación. Los hallazgos indican que este suministro de crudo subsidiado permitió al Estado cubano liberar ingresos que originalmente se habrían destinado a costos energéticos, redirigiéndolos hacia sectores controlados por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), como el turismo, el comercio exterior y la logística de combustible.
El documento describe esta dinámica como un sistema de «Petróleo por Represión», en el que el crudo venezolano se convirtió en la moneda utilizada para adquirir servicios de inteligencia, control político y asegurar la supervivencia del régimen cubano. Parte de esos recursos, precisó el informe, terminó canalizado hacia estructuras offshore en Panamá, España y Luxemburgo.
Captura de la infraestructura estratégica
El informe destaca que, aunque proyectos como la reactivación de la refinería Camilo Cienfuegos se presentaron formalmente bajo entidades estatales como PDVSA y CUPET, la gestión financiera, el transporte y la logística de estas operaciones migraron progresivamente hacia la órbita de GAESA.
Se estima que entidades ligadas a este conglomerado militar influyen o controlan más del 80% de la infraestructura de combustible en Cuba, a través de canales como CIMEX, Fincimex y BFI, utilizados para el manejo de divisas, remesas y banca offshore.
Según el informe, GAESA opera bajo una opacidad casi total: no publica estados financieros, no rinde cuentas a la Asamblea Nacional cubana y no aparece en el presupuesto nacional. Investigaciones citadas en el documento, incluidos documentos filtrados y publicados por el Miami Herald, indican que el conglomerado manejaba activos por al menos 17.900 millones de dólares en 2024, con más de 14.400 millones depositados en cuentas bancarias. El liderazgo de GAESA está concentrado en un grupo de menos de 15 personas cercanas a la familia Castro.
El espejo venezolano: una red de 44 entidades
El Miranda Center documentó que Venezuela reprodujo la lógica de GAESA, aunque de forma dispersa, a través de una red de 44 entidades vinculadas al Ministerio de la Defensa —24 empresas y 20 fundaciones—, con al menos 103 oficiales en juntas directivas de empresas estatales, sin ningún reporte de rendición de cuentas financiera.
Entre esas entidades destacan BANFANB, banco propiedad en un 99% de la Fuerza Armada; Seguros Horizonte, la segunda aseguradora más grande del país; CAMIMPEG, dedicada a la rehabilitación de pozos de PDVSA y con licencias mineras en el Arco Minero del Orinoco; y el Complejo Industrial Tiuna, que abarca desde textiles hasta electrodomésticos.
El informe describe un mecanismo recurrente de empresas mixtas 51/49, en el que el sector militar aporta el peso institucional, las licencias y el acceso estatal, mientras un socio privado con conexiones políticas aporta capital y acceso a divisas a tasa oficial. Cita como ejemplo un acuerdo entre CAMIMPEG y Southern Procurement Services, valorado en 400 millones de dólares, orientado a incrementar la producción del Campo Urdaneta.
El informe advierte que, mientras miles de millones de dólares circulaban a través de estas estructuras militares opacas, la infraestructura pública de Cuba y Venezuela sufría un deterioro profundo, manifestado en apagones prolongados, escasez de combustible y colapso de servicios básicos. El documento sostiene que la captura de la Fuerza Armada por la vía económica convierte el control de esos activos en «la moneda con la que se compra la lealtad militar», y advierte que la salida del dictador Nicolás Maduro del poder, el 3 de enero de 2026, abrió una ventana en Venezuela que podría volver a cerrarse si esta arquitectura no se desmantela junto con el gobierno que la sostuvo.
