El abogado Perkins Rocha, preso político y asesor jurídico de María Corina Machado, advirtió que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen, no elimina los tribunales de terrorismo, sino que redistribuye sus competencias y mantiene vigente la posibilidad de procesar penalmente a personas acusadas de estos delitos.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Rocha cuestionó la interpretación de la medida como una supuesta supresión de estos órganos judiciales y sostuvo que la competencia en materia de terrorismo sigue vigente, pese a los cambios en la distribución territorial de sus funciones.
«La competencia judicial en materia de delitos de terrorismo (…) no ha sido derogada ni suprimida», enfatizó el abogado, quien calificó la resolución de inconstitucional por considerar que carece de fundamento legal.
Según el abogado, la decisión del TSJ establece una desconcentración territorial de las funciones de control del proceso penal, que pasarán a ser ejercidas por tribunales de instancia ordinarios en las 24 entidades federales de Venezuela.
Estos juzgados asumirán las funciones de control en las causas relacionadas con el terrorismo, además de las competencias que ya ejercían. Sin embargo, la fase de juicio continuará centralizada en cuatro órganos jurisdiccionales nacionales ubicados en Caracas.
Para Rocha, este cambio no desmantela la estructura judicial cuestionada, sino que reorganiza sus atribuciones: los tribunales ordinarios asumirán las funciones de control en todo el país, mientras los juicios seguirán concentrados en la capital.
El abogado advirtió que presentar esta modificación como una eliminación de los tribunales de terrorismo puede generar una percepción equivocada sobre el alcance real de la decisión.
El abogado denunció un «maquillaje» institucional
Rocha atribuyó dos objetivos a la modificación impulsada por el TSJ, que describió como un «maquillaje» institucional.
El primero, según su interpretación, sería proyectar una imagen de cumplimiento formal de una directriz atribuida a un actor al que denominó «el Tutor», orientada a desmantelar el aparato judicial represivo. A su juicio, la resolución solo introduce cambios en la organización de los tribunales, sin poner fin a la estructura que, según denuncia, ha sido utilizada para perseguir a la disidencia política.
El segundo objetivo sería de carácter «pragmático coactivo»: adaptar y descentralizar el sistema judicial para mantener su capacidad de actuación sin modificar las causas penales que ya están en curso. Rocha advirtió que esta reorganización permitiría conservar los mecanismos de procesamiento penal cuestionados, especialmente ante la posibilidad de un nuevo evento electoral en Venezuela.
Estas afirmaciones corresponden a la interpretación jurídica y política expresada por el abogado en su pronunciamiento.
Rocha vinculó los tribunales con la persecución política
En su mensaje, el asesor jurídico de María Corina Machado también cuestionó la legalidad de la resolución administrativa del TSJ que, según argumentó, habría establecido competencias en materia de terrorismo de forma inconstitucional.
Rocha afirmó que esta estructura judicial se ha utilizado para perseguir a dirigentes opositores, activistas y ciudadanos que defendieron el mandato soberano de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyo resultado atribuye a Edmundo González Urrutia.
Su denuncia se centra en el uso de acusaciones de terrorismo en procesos contra personas vinculadas con la disidencia política y en la continuidad de las competencias judiciales que, a su juicio, permiten mantener esas actuaciones.
Al concluir su pronunciamiento, Rocha llamó a mantener la presión ciudadana para exigir la eliminación definitiva de los tribunales de terrorismo y de las competencias que considera inconstitucionales. También sostuvo que cualquier reforma debe ir más allá de una reorganización administrativa y garantizar el fin de la utilización de estas instancias contra quienes discrepan del poder político.
«No habrá elecciones libres mientras haya presos políticos y Tribunales de Terrorismo», advirtió.
Para el abogado, mientras se mantengan las competencias cuestionadas y continúen los procesos penales en curso, no puede hablarse de una eliminación efectiva de los tribunales de terrorismo.
CUIDADO: no incurras en el error de replicar la narrativa promovida por el régimen residual. LA COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO -instaurada de forma inconstitucional mediante una resolución administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como mecanismo de persecución contra la disidencia política, activistas y ciudadanos que defendieron el mandato soberano del 28 de julio de 2024 a favor de Edmundo González Urrutia- NO HA SIDO DEROGADA NI SUPRIMIDA.
En su lugar, el TSJ ha dictado una nueva resolución viciada de inconstitucionalidad por carecer de base legal, mediante la cual plantea una desconcentración territorial de la fase de control del proceso penal. Así, traslada dicha atribución a los tribunales de instancia ordinarios en las 24 entidades federales, erigiéndolos a partir de ahora, en Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Relacionados con el Terrorismo -ademas de mantener sus otras competencias-; mientras que la fase de juicio permanece centralizada en los cuatro órganos jurisdiccionales de carácter nacional ubicados en Caracas, que venían trabajando como Tribunales de Terrorismo
Este maquillaje que pretenden presentar como supresión, obedece a dos objetivos fundamentales:
1) Simulación institucional: Evidenciar un pretendido cumplimiento formal de una directriz hecha por el Tutor, orientada a desmantelar el aparato judicial represivo, ejecutando así una mera alteración orgánica que solo maquilla la continuidad de la persecución material; y,
2) Pragmatismo coactivo: Adecuar y descentralizar la estructura punitiva del régimen residual, manteniendo intactas las causas penales en curso, con el propósito de salvar su maquinaria judicial inhibitoria y de control social ante la inminente concreción de un nuevo evento electoral.
Nuestra lucha y exigencia ciudadana no debe desfallecer y debe ser la misma: LA DEFINITIVA ELIMINACIÓN DE LOS INCONSTITUCIONALES TRIBUNALES DE TERRORISMO ASI COMO LA COMPETENCIA JUDICIAL PARA PERSEGUIR, APRESAR Y CONDENAR A QUIENES PENSAMOS DISTINTO… No habrá elecciones libres mientras haya presos políticos y Tribunales de Terrorismo…— Perkins Rocha (@PerkinsRocha) October 17, 2026
