El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió a las autoridades venezolanas un plan sanitario inmediato para frenar la tuberculosis en las cárceles y los calabozos policiales del país. La organización responsabilizó a la «inacción» del Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la falta de atención médica oportuna por convertir los centros de reclusión en espacios donde «una enfermedad prevenible se traduce en muertes».
El OVP indicó que recibió testimonios de familiares de personas privadas de libertad con tuberculosis que tienen dificultades para acceder al tratamiento médico. La organización calificó la situación como «sostenida».
Entre las medidas, el OVP pidió un rastreo y cerco epidemiológico inmediato. Ante cada sospecha de caso, se debe identificar, aislar y evaluar con pruebas rápidas a todos los contactos de celda, custodios y personal de seguridad.
También exigió el aislamiento respiratorio de los internos con síntomas y la garantía de que reciban sus medicamentos. Pidió además descongestionar los centros, con ventilación natural o mecánica obligatoria, porque el hacinamiento acelera la propagación aérea del bacilo.
La organización planteó un tamizaje obligatorio de ingreso, con evaluación clínica a toda persona privada de libertad y jornadas periódicas de detección en los pabellones. Pidió también abastecer las áreas de salud con medicamentos e insumos de protección y eliminar las trabas burocráticas para trasladar a los detenidos graves a hospitales generales.
El OVP recordó que, tras la privación de libertad de una persona, cualquier deterioro grave de su salud o su fallecimiento bajo custodia es responsabilidad del Estado.
Según la organización, las muertes por tuberculosis configuran delitos de omisión de socorro. Afirmó que los responsables van desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario hasta los directores de cárceles, los jefes de comisarías y el personal médico u operativo que niegue insumos o impida traslados de emergencia.
El OVP anunció que llevará la situación ante el sistema de Naciones Unidas, incluidos el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud, así como ante el Sistema Interamericano.
La organización recomendó a los familiares conservar toda prueba documental o testimonial que respalde sus reclamos de justicia.
