El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado una política de persecución basada en el castigo colectivo a familiares de disidentes, una práctica conocida como Sippenhaft, originada en la Alemania nazi y considerada una grave violación del derecho internacional.
Según el informe del OVP, esta estrategia consiste en detener arbitrariamente a madres, padres, hijos, hermanos, primos e incluso menores de edad, como represalia o presión contra activistas, militares, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. El objetivo: forzar entregas, castigar fugas o sembrar terror en el entorno familiar.
Una práctica sistemática y creciente
Aunque el uso del Sippenhaft en Venezuela fue mencionado por primera vez en 2021 por la Misión Internacional Independiente de la ONU, el OVP advierte que la práctica comenzó en 2014 con hostigamientos y evolucionó hacia detenciones directas desde 2017. Tras las manifestaciones poselectorales del 28 de julio de 2025, el patrón se consolidó como política de Estado.
En el último año, el OVP documentó al menos 23 nuevos casos, entre ellos:
- La defensora Rocío San Miguel, detenida junto a su hija, esposo, exesposo y hermanos.
- La periodista Ana Carolina Guaita, arrestada al no encontrar a sus padres.
- La dirigente Yenny Barrios, paciente oncológica, tras cuya excarcelación fue detenido su hijo.
- El yerno del presidente electo Edmundo González, Rafael Tudares.
- Los familiares de los dirigentes Biagio Pilieri, Juan Pablo Guanipa y Pedro Hernández.
Otros casos incluyen la detención de niños y adolescentes, como ocurrió en Carabobo y Barinas, donde menores de entre 2 y 12 años fueron retenidos por cuerpos de seguridad durante más de 72 horas, sin justificación legal.
El OVP señala que esta práctica vulnera derechos esenciales como la libertad y seguridad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia, la integridad personal y la prohibición de tortura, y la protección de la vida privada y familiar.
“La persecución de familiares inocentes es una de las tácticas más degradantes empleadas por los regímenes represivos. Habrá justicia”, concluye el comunicado.
El Observatorio ha remitido los casos a instancias internacionales, incluyendo la ONU y la Corte Penal Internacional, y exige una investigación exhaustiva, el cese inmediato de esta política y reparación integral para todas las víctimas.
