El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de tres personas privadas de libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela y exigió respuestas a las instituciones encargadas de garantizar sus derechos humanos.
De acuerdo con la organización, uno de los fallecidos fue Anthony José Portillo Gómez, recluido en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, quien murió el pasado 20 de julio en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera tras presentar graves complicaciones de salud asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva.
El segundo caso corresponde a Víctor José Salgado, quien se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo IV y falleció en el Hospital Dr. Domingo Luciani por razones de salud.
El tercer fallecido fue Adrián Felipe, privado de libertad en el Centro Penitenciario Fénix Lara. El OVP indicó que murió en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo.
La organización cuestionó la actuación de las instituciones del régimen responsables de garantizar la vida y la integridad de las personas bajo custodia estatal y advirtió que estas muertes vuelven a evidenciar la crisis que atraviesa el sistema penitenciario.
El OVP señaló que la atención institucional no debería limitarse a registrar las muertes una vez ocurridas, sino que debe activarse de manera preventiva cuando una persona privada de libertad presenta enfermedades graves, deshidratación, hipertensión, diarreas persistentes u otras condiciones que puedan poner en riesgo su vida.
En particular, la organización cuestionó el papel de la Defensoría del Pueblo y preguntó cuántas inspecciones realiza en los centros penitenciarios, cuántos casos relacionados con el derecho a la salud ha documentado y qué acciones ha emprendido para proteger a los presos en situación de riesgo.
También pidió respuestas al Ministerio Público, especialmente a los fiscales con competencia en derechos humanos, para determinar si en estos casos existieron posibles omisiones, retrasos en la atención médica o en los traslados hospitalarios que pudieran haber contribuido al deterioro de la salud y posterior muerte de los privados de libertad.
El OVP igualmente señaló al Poder Judicial, y particularmente a los jueces de ejecución, a quienes corresponde supervisar las condiciones en las que se cumplen las medidas privativas de libertad y velar por el respeto a la dignidad y los derechos de las personas recluidas.
La organización sostuvo que la supervisión judicial resulta especialmente relevante cuando existen presos con enfermedades graves o condiciones que puedan comprometer su vida, pues permitiría detectar oportunamente estas situaciones y evaluar mecanismos como medidas humanitarias cuando correspondan.
“Estas tres nuevas muertes exigen tres investigaciones”, afirmó el OVP, que además reclamó actuaciones verificables y la determinación de responsabilidades.
La organización insistió en que la protección del derecho a la vida de las personas privadas de libertad no constituye una concesión, sino una obligación del régimen, y pidió que la Defensoría del Pueblo supervise y actúe, que el Ministerio Público investigue y que los jueces de ejecución ejerzan efectivamente el control sobre el régimen penitenciario.
🚨 #OVPDenuncia Tres presos mueren mientras las instituciones que deberían protegerlos guardan silencio
Mientras las personas privadas de libertad continúan muriendo en #Venezuela, cabe preguntarse dónde están las instituciones que tienen la obligación constitucional de… pic.twitter.com/WcAMX9mmPY
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 11, 2026
