Familiares de presos políticos, organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil exigieron este miércoles la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas en Venezuela, al considerar que se trata de una medida humanitaria urgente ante la crisis agravada por el reciente doblete sísmico que afectó al país.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que los terremotos no originaron la emergencia, sino que expusieron nuevamente las consecuencias de años de deterioro institucional y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En ese contexto, alertaron que cientos de presos políticos permanecen recluidos en condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad.
«Las personas privadas de libertad se encuentran bajo custodia exclusiva del Estado venezolano, que tiene la obligación jurídica de garantizar su vida, integridad personal, salud y seguridad», señalaron.
El documento denuncia que continúan las detenciones arbitrarias, las restricciones al debido proceso, el aislamiento, las desapariciones forzadas de corta duración, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como las limitaciones para el contacto con familiares y abogados.
Las organizaciones destacaron que los presos políticos permanecen distribuidos en centros como El Rodeo I, Guaicaipuro, Yare, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), La Crisálida y distintos calabozos policiales, todos señalados por violaciones de derechos humanos.
En particular, alertaron sobre la situación en El Rodeo I, donde denunciaron riesgos estructurales derivados de los recientes sismos, debido a fracturas en literas de cemento y otras áreas de las celdas que, según indicaron, no han sido evaluadas por expertos independientes. También recordaron que los detenidos en ese penal han sido objeto de dos operativos violentos durante este año.
Sobre el centro de reclusión de Guaicaipuro, afirmaron que las condiciones continúan alejadas de los estándares internacionales y denunciaron que los internos padecen hambre y permanecen sin información pública sobre su situación.
El comunicado también respaldó a los familiares de presos políticos que mantienen desde hace 200 días un campamento permanente para exigir la libertad de sus seres queridos y condenó las declaraciones del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, durante un encuentro sostenido el pasado 13 de julio, al considerar que constituyeron actos de intimidación y revictimización.
Asimismo, las organizaciones señalaron que la responsabilidad de garantizar la protección de las personas privadas de libertad recae en todo el régimen nacional y recordaron que la autoridad interina de mayor jerarquía, Delcy Rodríguez, debe asegurar que las instituciones actúen conforme a la Constitución y respeten los derechos humanos.
El pronunciamiento también cuestionó que las excarcelaciones bajo medidas cautelares sean presentadas como soluciones definitivas. A juicio de los firmantes, las restricciones como los regímenes de presentación o las prohibiciones de salida del país prolongan la persecución judicial y mantienen a las víctimas bajo el control de un sistema que califican de carente de independencia.
Entre sus principales exigencias al régimen venezolano, solicitaron la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos, la eliminación de las medidas cautelares impuestas a los excarcelados, evaluaciones técnicas independientes de los centros de detención afectados por los sismos, el ingreso de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de Naciones Unidas y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, así como el acceso regular de familiares, abogados y atención médica para los detenidos.
También reclamaron el cierre de los centros donde se denuncian torturas o tratos crueles, investigaciones independientes sobre esos hechos, el desmantelamiento de estructuras de persecución política y el restablecimiento de la independencia judicial.
«La protección de la vida no admite excepciones. Quienes permanecen bajo custodia del Estado tienen derecho a regresar con vida junto a sus familias. Hoy, más que nunca, la libertad de los presos políticos constituye una medida urgente de protección humanitaria», concluye el comunicado, que cierra con la consigna: «La libertad también salva vidas».
COMUNICADO CONJUNTO – LA LIBERTAD TAMBIÉN SALVA VIDAS
El doblete sísmico ocurrido recientemente agravó una emergencia preexistente. No creó la crisis: puso nuevamente en evidencia las consecuencias de años de debilitamiento institucional y de violaciones sistemáticas de los…
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 29, 2026
