El Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a la defensora de derechos humanos y socióloga peruana Sofía Macher Batanero como nueva presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que investiga presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014.
Macher Batanero sucede a la portuguesa Marta Valiñas, quien presidió la Misión desde su creación en 2019, y se suma a los expertos Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), designados en diciembre de 2025. El nombramiento fue anunciado por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador indonesio Sidharto Reza Suryodipuro.
La Misión fue establecida el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos, y su mandato fue prorrogado hasta octubre de 2026 mediante la resolución 57/36.
Quién es Sofía Macher Batanero
La nueva presidenta de la Misión cuenta con más de 30 años de experiencia en justicia transicional, reparaciones y cuestiones de género. Doctora en Sociología y Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha investigado violaciones de derechos humanos, diseñado programas nacionales de reparaciones y asesorado a comisiones de la verdad y mecanismos de la ONU en Libia, Yemen, Colombia y las Islas Salomón. También ha colaborado con la OEA, el PNUD y ONU Mujeres.
En Perú, ocupó los cargos de presidenta del Consejo de Reparaciones y comisionada de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, dos de los organismos más relevantes del proceso de justicia transicional peruano tras el conflicto armado interno.
La maquinaria represiva sigue operativa
En su más reciente actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en marzo de 2026, la Misión advirtió que la maquinaria represiva del Estado venezolano «continúa operativa» pese a la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Desde esa fecha, la Misión ha recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que «la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el Gobierno actual».
Ese dato se suma a un período de intensa represión documentado entre septiembre y diciembre de 2025, durante el cual la Misión registró 135 detenciones arbitrarias y un patrón continuado de tortura y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y «casas seguras».
