La ONG Laboratorio de Paz presentó un documento de análisis que evalúa los primeros cinco meses del gobierno interino de Delcy Rodríguez y concluye que Venezuela no muestra avances verificables hacia una transición democrática, sino evidencias de un proceso de recomposición autoritaria y reconfiguración interna del poder.
El informe, titulado «Cinco meses del interinato: Reconfiguración sin transición», identifica como principales señales de alarma la ausencia de un cronograma electoral presidencial, la falta de renovación del Consejo Nacional Electoral, la continuidad de funcionarios señalados por organismos internacionales de derechos humanos en posiciones estratégicas del Estado y la inexistencia de mecanismos efectivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.
La investigación también advierte sobre la consolidación de la excepcionalidad como forma de gobierno: importantes decisiones políticas e institucionales han sido adoptadas mediante mecanismos extraordinarios o interpretaciones controvertidas de la Constitución, generando incertidumbre jurídica y debilitando la confianza ciudadana.
En materia de derechos humanos, el documento señala que las excarcelaciones del período no han estado acompañadas de la restitución plena de derechos para presos políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, y que persisten restricciones al espacio cívico, causas penales abiertas y medidas cautelares que obstaculizan el ejercicio de libertades fundamentales.
El análisis destaca además una creciente demanda social por elecciones, con sectores de trabajadores, estudiantes y sociedad civil que han comenzado a incorporar la exigencia de un proceso electoral libre y verificable como parte central de sus reclamos.
«Una transición democrática no puede sostenerse indefinidamente sobre mecanismos excepcionales, acuerdos políticos opacos o fórmulas que sacrifiquen la verdad y la justicia. La recuperación democrática exige legitimidad electoral, constitucionalidad, participación ciudadana y garantías efectivas de derechos humanos», señala el documento.
