Dieciséis organizaciones de la sociedad civil —venezolanas e internacionales— publicaron este martes un decálogo de exigencias urgentes para encauzar la crisis política de Venezuela hacia una transición democrática real y verificable. Dos de las organizaciones firmantes lo hicieron bajo reserva, debido al riesgo que implica su identificación pública en el contexto represivo del país.
El documento —suscrito por Acceso a la Justicia; Alerta Venezuela; CEPAZ; COFAVIC; Justicia, Encuentro y Perdón; PROVEA; CEJIL; DPLF; ISHR; WOLA; OMCT; Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center; CIVICUS; Global Centre for the Responsibility to Protect, entre otras— plantea que Venezuela atraviesa una “nueva y compleja coyuntura política” y que se requieren medidas inmediatas para generar confianza, restablecer la seguridad jurídica y abrir un camino creíble hacia la recuperación del Estado de derecho. Las ONG subrayan que el decálogo no es una hoja de ruta completa, sino un punto de partida que debe complementarse con voluntad política, coordinación nacional e internacional y mecanismos de justicia transicional.
La primera y principal exigencia es la liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de libertad por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, acompañada de mecanismos transparentes de verificación. También reclaman el cese de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y medidas cautelares injustificadas.
Entre las otras medidas urgentes, el decálogo incluye:
- Derogar leyes y resoluciones utilizadas para criminalizar la disidencia, como la Ley Contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la normativa que regula a las ONG, así como revisar integralmente el marco jurídico para adecuarlo a estándares internacionales.
- Desarmar y desmantelar estructuras de seguridad y grupos armados que ejercen represión, vigilancia o persecución política.
- Garantizar el funcionamiento sin restricciones de las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las internacionales.
- Permitir el acceso pleno y seguro de mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la CIDH y la Misión de Determinación de los Hechos.
- Cooperar plenamente con la respuesta humanitaria, asegurando acceso, seguridad y condiciones operativas adecuadas en todo el territorio.
- Asegurar que los recursos públicos se destinen a atender la emergencia humanitaria, mediante planes transparentes y sistemas de protección social universales.
- Garantizar la libertad de prensa, la pluralidad política y la protección de defensores, periodistas y organizaciones humanitarias.
- Construir una ruta clara para la reinstitucionalización de todos los poderes públicos, incluyendo la elección presidencial conforme a la Constitución.
- Crear mecanismos independientes de justicia transicional, con participación de la sociedad civil y apoyo internacional, para garantizar verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición.
Las organizaciones afirman que estas medidas representan “exigencias mínimas y urgentes” para avanzar hacia una transición democrática auténtica, centrada en la dignidad humana, la justicia y la reconstrucción institucional del país.
