Quince organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacional enviaronuna carta abierta al secretario de Estado Marco Rubio solicitando que el gobierno de Estados Unidos utilice su intermediación ante las autoridades venezolanas para garantizar plena transparencia y rendición de cuentas sobre toda la ayuda humanitaria recibida tras los terremotos del 24 de junio, así como para eliminar los obstáculos que el régimen chavista ha impuesto a la respuesta internacional.
Las organizaciones —entre las que figuran Transparencia Venezuela, PROVEA, CECODAP, Espacio Público, Defiende Venezuela, Laboratorio de Paz, WOLA, Civilis, RedesAyuda y Acceso a la Justicia, entre otras— partieron de un diagnóstico contundente: «La respuesta de las autoridades venezolanas ha sido enormemente insuficiente, con denuncias públicas de cuerpos de seguridad que crean obstáculos para el acceso a la ayuda humanitaria y cometen nuevos abusos».
Las organizaciones formularon al régimen venezolano, con la intermediación de EE.UU., una serie de exigencias concretas: publicación periódica de toda la ayuda recibida con verificación independiente; respuesta liderada por civiles y no por militares; exención de impuestos, aranceles y tasas portuarias y aeroportuarias sobre los envíos de socorro; protección legal para el personal internacional; un único organismo de coordinación para permisos y autorizaciones; operación ininterrumpida de aeropuertos y puertos; acceso pleno de maquinaria pesada para remoción de escombros; autorización plena para equipos internacionales en todo el territorio; distribución de la ayuda sin discriminación; derogación de la ley que regula las ONG; levantamiento de los bloqueos a redes sociales y medios; y autorización para que venezolanos con doble nacionalidad y pasaporte vencido puedan entrar y salir del país.
A EE.UU. le solicitaron directamente continuar con asistencia técnica para evaluación de daños, apoyo al puente aéreo humanitario, uso transparente de los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros creados por la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, liderazgo en soluciones habitacionales de largo plazo, y la restauración del TPS para venezolanos y el cese de las deportaciones.
